Los reproches a la cláusula referida a la preferencia de edad en caso de paridad en los concursos judiciales también fueron lanzados por el Colegio de Abogados de la capital.
La entidad le pidió formalmente a la Corte Suprema de Justicia que modifique el sistema de selección en caso de empate entre dos o más aspirantes a ayudante judicial, que concursarán por 405 vacantes. La entidad llegó incluso a proponer un orden de valoración de distintos aspectos de cada candidato, que colisiona con los criterios expresados en acordadas por el máximo tribunal para la selección.
El colegio consideró que debían valorarse los antecedentes técnicos jurídicos de los postulantes. De esa forma, entendieron sus autoridades, se daría cumplimiento al mandato constitucional y legal establecido en el artículo 13, inciso dos, de la Ley Orgánica de Tribunales, que exige la idoneidad como requisito para acceder a los cargos públicos.
Por su parte, también los referentes de la Agrupación de Lucha por los Derechos Estudiantiles (ALDE), de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT habían calificado como "injusto y arbitrario" el sistema de selección dispuesto por la Corte Suprema. En las notas presentadas, la agrupación estudiantil requirió que el acceso a los cargos de ayudante judicial se realice mediante concurso de antedecentes y oposición y que esos cargos sean escrutados e individualizados con antelación a la concreción de ese concurso.