La fórmula de actualización semestral de las jubilaciones, que se aplica en forma regular desde 2009, tal como está definida, protege a los haberes de la población pasiva de la suba de precios al consumidor. Sin embargo, el problema del que pocos se acuerdan es que este beneficio se aplica ahora para todos, pero antes de 2009, cuando las alzas eran discrecionales, una buena parte de los jubilados, los que no percibían la mínima, entre 2002 y 2006 sufrieron un congelamiento de sus haberes. La inflación, durante ese período, y es conveniente recordarlo, ha sido del 200%.
La fórmula que ha puesto en marcha este gobierno es buena, pero para recomponer los haberes de buena parte de los jubilados que han sido perjudicados, debería ser aplicada en forma retroactiva.
Muchos sostienen que la política provisional de este gobierno ha consistido en darle más a quienes tenían la mínima, y no al resto; pero el punto es que la Justicia provisional no tolera que ninguna jubilación no goce de movilidad, aun las más altas. Todos los que están haciendo juicios por falta de movilidad obtienen fallos favorables. Y eso le sale caro al Estado.
Sumado a esto, a la gente que se comenzó a jubilar entre los años 2002 y 2010 también se les han licuado sus haberes, porque se les ha calculado mal el nivel inicial.
Es decir, como hay inflación y se toman para el cálculo los últimos 10 años de aportes de salarios, no se ajustaron bien los salarios computados. Estas personas también han iniciado otros tipos de juicios que además son numerosos y con una tendencia a obtener resoluciones favorables.