El gobernador, José Alperovich, cuenta con la clave para destrabar el conflicto entre los afiliados de la filial tucumana de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y la Asociación de Clínicas y Sanatorios. Al menos eso se desprende de las declaraciones del presidente de esta última entidad, Carlos Pesa, quien hizo hincapié en la necesidad de que se revalúe el arancel que abona el Subsidio de Salud.
La jornada de ayer fue un caos en las puertas de distintos centros privados de salud. Dirigentes y afiliados de ATSA recorrieron la ciudad con un ómnibus y una combi, que utilizaron para cortar calles frente a clínicas y a sanatorios. La protesta se extendió entre las 10 y las 12: llegaban a un lugar, cruzaban los vehículos para interrumpir el tránsito y comenzaban a sonar bombos, redoblantes, cornetas y pirotecnia durante algunos minutos. Luego, se dirigían a otro centro. Esta metodología se repitió frente a los sanatorios Regional, San Lucas, Modelo, Rivadavia, 9 de Julio, del Parque y la clínica Mayo, entre otros nosocomios.
El sindicato reclama el pago de un incremento salarial del 32%, que fue acordado en las paritarias nacionales de agosto. Entonces se pautó un pago escalonado: 18% ese mes, 9% en diciembre y 5% en febrero. "Estamos protestando ante las inciertas posibilidades de que paguen. Queremos que se abone ya, y no que ocurra como el año pasado, que estuvimos ocho meses hasta poder cobrar el aumento. Muchas veces, los dueños compartieron pérdidas; hoy, que vemos que hacen ampliaciones edilicias, les pedimos que paguen a los trabajadores. Estamos exigiendo que ellos firmaron", aseveró Reneé Ramírez, titular de ATSA.
El gremialista agregó que ya mantuvieron dos reuniones con los empresarios, pero que los resultados fueron negativos. Prometió que las medidas de fuerza continuarán y que iniciarán planteos judiciales ante el incumplimiento de las paritarias.
"Viabilidad"
Pesa reconoció, con contundencia, que el reclamo es justo. No obstante, insistió en que los dueños de los centros privados de salud de Tucumán no pueden hacerle frente. "Nuestros recursos provienen del Subsidio de Salud y del resto de las obras sociales. Esto nos permite atender a la mitad de los tucumanos. Recibimos a 750.000 personas, de las cuales 370.000 son afiliados del Subsidio. Con pocas instituciones logramos una recomposición arancelaria, pero si (la obra social del Estado) no hace el esfuerzo de adecuación, el sistema no tiene viabilidad", aseveró.
El médico precisó que se pidió al Subsidio de Salud que conceda un incremento arancelario por un porcentaje idéntico al del aumento salarial acordado con los trabajadores. Inclusive, detalló que solicitaron que se lo aplique con idéntica metodología a la de la recomposición de haberes: "32% total, fraccionado en un 18% correspondiente a agosto pasado, 9% al mes que viene y 5% para febrero próximo". Agregó que ya hablaron con el ministro de Salud, Pablo Yedlin, y que este comprendió la situación y se comprometió a hablar con el gobernador. "Esto compete a la autoridad pública provincial de Salud. Todavía no tenemos una respuesta concreta", dijo Pesa.
Aclaró, sin embargo, que el Subsidio no se atrasa en los pagos: "El subsidio abonó el viernes las obligaciones de setiembre. El pago sí está sostenido; pero no la discusión de cuál es el recurso para que el sistema se sostenga", insistió. Pesa, además, subrayó que las paritarias prueban del débil federalismo: "se decide en la Capital Federal, donde la estructura de ingreso de la seguridad social es distinta y los valores que se pagan son diferentes, pero los salarios rigen para todo el país. En Tucumán se paga uno de los aranceles más bajos: sólo nos gana Formosa".