Las diferencias entre los distintos sectores de los abogados se evidenciarán nuevamente este martes, cuando los dos principales grupos compitan por la renovación parcial de autoridades en la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores.

Esta disputa es el anticipo de la puja electoral para la conducción del propio Colegio de Abogados de Tucumán, que renovará la mitad de su comisión directiva a fin de año, empezando por la vicepresidencia (actualmente en manos de Jorge Chehín). Así, compiten por dos cargos de director titular y otros dos de director suplente, con mandato por cuatro años, los frentes que integran las listas Manuel Belgrano-Dalmacio Vélez Sarsfield y Alianza Mariano Moreno-Juan Bautista Alberdi-Verde (sus plataformas están resumidas en notas aparte).

El primer grupo postula al ex vicepresidente del Colegio de Abogados, Raúl Martínez Aráoz, y a Daniel Aguirre como titulares; y a Carlos César Cajal y Carlos Parajón Ferullo (hijo del fallecido ex titular del Colegio, Carlos Parajón Cantelli) como suplentes.

Desde la Alianza, en tanto, los candidatos a director titular son Carmen García de Valdez y Marcelo Rogel Chaler; mientras que para suplentes figuran Pablo Ganem y Guillermo Avila Carvajal.

La junta electoral está encabezada por el actual presidente de la Caja, Pedro Esteban Yané Mana, acompañado por los directores Carlos Héctor Ortega y Víctor Ricardo Banegas.

El padrón de afiliados está integrado por 5.098 abogados y 230 procuradores (abarca tanto a los activos como a los jubilados), y las urnas estarán abiertas entre las 8 y las 18 en la sede de la Caja en la capital, avenida 2 de Abril 380, y en el Colegio de Abogados del Sur.

58 años de historia

La institución fue creada por la Ley 2.480, en junio de 1952, con el objetivo de atender al pago de las jubilaciones y pensiones de sus afiliados, que aportan mensualmente. "Está fundada en los principios de la solidaridad profesional cuyos beneficios alcanzan a los abogados y procuradores y a sus causahabientes", se remarca desde su página institucional. Además se disponen otros beneficios como subsidios en caso de fallecimiento o incapacidad del asociado, y asignaciones por matrimonio, nacimiento o adopción y por hijo.

La pertenencia de los abogados y procuradores a la Caja es obligatoria y no está permitida su renuncia, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6.059 (reemplazó a la norma original 2.480): "los matriculados son afiliados forzosos".

En este momento, la institución está enfrentada al intento legislativo de modificar la Ley 6.059, por la cual se quiere suprimir el derecho de administrar las cuentas bancarias que están paralizadas por disposición judicial por más de tres años. La iniciativa impulsada por el oficialista Carlos Canevaro apunta a que esos recursos queden en disposición de los bancos por cinco años y que luego pasen a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. De este modo, la Caja perdería el producido por el pago de intereses de esos depósitos (nunca puede acceder al capital), que se destina a dar mejores prestaciones. El monto oscila según los períodos, pero es millonario en un cálculo anual.