La controversia generada en Concepción puede ser (definitivamente debiera serlo) una oportunidad para visibilizar y prestar más atención a los órganos legislativos locales. La inclusión en la agenda provincial de un caso como este, que parece haberse agotado con la renuncia de los familiares nombrados, constituye un oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la función y el rol del Concejo en cualquier comunidad y los aún débiles mecanismos de rendición de cuentas y control que existen en la Argentina.
El Concejo es el órgano deliberativo de todo gobierno municipal: es una institución importante en nuestro sistema republicano, porque constituye el principal contrapeso del Departamento Ejecutivo municipal. Los concejales son quienes llevan adelante, no sin dificultades, las funciones de controlar al Ejecutivo (verificando la oportunidad y conveniencia de sus actos), representar a los ciudadanos y legislar sobre los más variados asuntos que afectan a la comunidad. Es, sin duda, una institución que hoy se encuentra muy desprestigiada y, en general, debilitada.
Pequeños cambios
¿Cómo revertir esta situación? Para enfrentar el desafío, los líderes locales pueden promover en sus comunidades una agenda variada de políticas de transparencia y de apertura hacia la comunidad: ordenanza de acceso a la información; publicación de las declaraciones juradas de sus miembros en las páginas web oficiales; e incorporación, en algún grado, del componente participativo en sus instancias de consulta y decisión, a través, por ejemplo, de audiencias públicas, apertura de reuniones de comisión o sesionando en forma itinerante en los diferentes barrios de la ciudad.
Una agenda de pequeños cambios, que no implican grandes partidas presupuestarias sino más bien voluntad política, contribuirá a generar mejores prácticas y a lograr transformaciones en las instancias locales de gobierno, lo que ayudaría a restablecer la confianza de la comunidad en sus representantes y jerarquizaría en el mediano y largo plazo la institución. Porque, en definitiva, son las prácticas cuestionables como la mencionada -no exclusivas de la instancia local de gobierno- las que contribuyen a alimentar el descrédito que recae en general sobre nuestras instituciones de gobierno. Y, ellas seguirán registrándose mientras no se modifiquen los sistemas.