LA PLATA.- El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria presentó un informe anual donde se realiza un diagnóstico de violaciones a los derechos humanos en centros de detención, así como una evaluación de las políticas de seguridad, niñez y penitenciarias en la provincia de Buenos Aires.
El documento se dio a conocer el jueves, en un acto que contó con la presencia del juez español Baltasar Garzón, consultor académico de la Comisión Provincial por la Memoria. "Las políticas de seguridad implementadas por el gobierno provincial han tomado riesgosos atajos que dan más autonomía a las fuerzas de seguridad. A contramano del planteo del amplísimo acuerdo para una seguridad democrática que sostiene la necesidad perentoria de que el poder civil retome la conducción de la seguridad, en la Provincia se depositan esas atribuciones en un jefe policial", se indicó.
"Esto constituye un fuerte mensaje hacia el interior de la fuerza que ve potenciado su autogobierno", añade el informe. Y destaca: "se hace evidente la ineficacia reiterada en la persecución de las redes delictivas así como el clasismo que expresan las prácticas policiales y judiciales, que ponen su ojo especialmente en niños, jóvenes y mujeres pobres y marginados".
Los datos relevados por el Comité contra la Tortura dan cuenta de un significativo crecimiento de la población carcelaria en la provincia de Buenos Aires, donde hay un total de 26.092 detenidos en cárceles y 4.040 en comisarías. "Si se cotejan los detenidos actuales con los detenidos al iniciarse esta gestión, se advierte un crecimiento de 3.145 personas", añade el informe. Además, revela que el 71% de los reclusos está con prisión preventiva, pendientes de condena firme. También denuncia que un gran número de personas están detenidas en dependencias policiales.
"La sobrepoblación carcelaria es responsabilidad primaria del Poder Ejecutivo y también del Poder Judicial, responsabilidad que no termina con el dictado de prisión preventiva o con una sentencia condenatoria sino que se prolonga con la ejecución penal", señala el texto en uno de sus párrafos.
Los presidentes de la Comisión, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, entregaron una copia del documento al jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, y a la presidenta de la Corte Suprema provincial, Hilda Kogan. (DyN)