En medio de un clima festivo y distendido, se llevó a cabo la conferencia "Voces por la igualdad. Aportes académicos para el debate", que se realizó en el Centro Cultural Virla de la UNT. Durante más de dos horas, académicos y profesionales del Derecho y de la salud mental expusieron fundamentos jurídicos, científicos y filosóficos en apoyo a la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, que se debatirá mañana en el Senado.
El auditorium del Centro Cultural se colmó de asistentes que sostenían globos de colores en las manos. La jornada arrancó con la actuación del grupo de danzas Integrado, conformado por jóvenes de capacidades especiales.
La primera en exponer fue Alicia Noli, camarista federal y titular de la cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (UNT). En una breve e ilustrativa síntesis, la abogada desgranó los motivos por los cuales el vigente Código Civil -que sólo permite el matrimonio entre heterosexuales- cae en la inconstitucionalidad. Además, aseguró que una ley diferenciada para la unión de personas del mismo sexo sería discriminatoria.
Desde la filosofía, Susana Maidana, secretaria académica de la UNT, recordó que todas las instituciones, entre ellas el matrimonio, son creaciones del hombre y no forman parte de un mandato natural.
En tanto, la presidenta del Colegio de Psicólogos, Sara González, acercó la palabra mayoritaria -no unánime- de esa institución y destacó que lo importante para la salud psíquica del niño es que, durante su crianza, los padres ejerzan la función y el rol protector, más allá de su sexo biológico.
En consonancia con esta última se pronunció el docente y psicólogo José Azar, y habló sobre la dificultad de hablar de "lo natural" en las personas. "Desde que la palabra convierte en humano al animal, sólo podemos hablar de un ser cultural", deslizó y aseguró que la anatomía del varón o de la mujer no son suficientes para definir la identidad sexual de las personas.
La jornada fue organizada por el Foro de la Diversidad del Inadi, la Federación Argentina LGBT y la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Sidetec, gobierno provincial) y contó con la adhesión de varias organizaciones de Derechos Humanos.