"Carlos de Cándido es el gran ausente de un juicio que duró cinco meses", afirmó Roberto Flores al pedirle al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) la absolución por los delitos de usurpación de la propiedad de Fortunata García 1.062 (esquina Jujuy), cuyo dueño era el desaparecido Rolando Coronel, y encubrimiento de crímenes de lesa humanidad.
El defensor oficial aseveró que no existen pruebas en contra del policía, y cuestionó reiteradamente la intervención del fiscal federal Alfredo Terraf ("en su alegato acusatorio de cuatro horas, sólo le dedicó tres minutos al imputado", dijo). Si bien admitió que su representado ocupó esa casa a partir de noviembre de 1978, aseveró que lo hizo por una autorización de un superior en la fuerza, y que debió hacer numerosas refacciones para poder habitarla por su estado de deterioro.
"Su ánimo era tener un techo para vivir con su familia, no una ventaja económica. Jamás tuvo intención de apropiarse de esa vivienda, que es el elemento subjetivo de dolo, ni se determinó qué delitos encubrió ni a quiénes intentó proteger. De los testimonios no surgen datos incriminatorios; nunca estuvo bajo las órdenes de Roberto Albornoz ni hay nada que los vincule", aseguró. Flores sostuvo que los acusadores no respetaron pautas legales procesales que eximen de responsabilidad a una persona de declarar en contra de su hermano, acerca del parentesco entre Carlos y Luis de Cándido, también imputado en la causa por el funcionamiento del centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía.