La absolución de Luis de Cándido, por no haberse probado efectivamente que cometió delitos, fue solicitada por los defensores oficiales Ciro Lo Pinto y Roberto Flores, en el primer alegato dado ayer en el juicio por un centro clandestino de detención de la ex Jefatura de Policía, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF).
Lo Pinto remarcó que a su representado se lo vincula con el secuestro de Marta y Rolando Coronel y la usurpación de sus propiedades, y que la acusación no pudo determinar indubitablemente que fue el autor material de distintos ilícitos, desde violación de domicilio hasta tormentos seguidos de muerte.
"No hay que hacer Justicia de la compasión. Gozamos de la presunción de inocencia, y el Estado debe demostrar que realmente el acusado participó en algo. La acusación no logró los estándares mínimos para justificar sus planteos; debe haber una descripción clara y precisa de los hechos en circunstancia, modo y lugar. No se puede dar por probado en general, sino que debe serlo en particular", señaló.
Puntualmente, descalificó al testigo Oscar Conte, de quien dijo que fue mendaz en su declaración ante el TOF, cuando aseguró que había sido detenido con los Coronel y mantenido en esa condición por casi 80 días. Reiteró el pedido de falso testimonio en su contra porque su relato fue totalmente distinto del prestado ante el fiscal federal Emilio Ferrer durante la etapa instructoria, y aseveró que con el cambio se buscó involucrar a De Cándido al hacer referencia a un represor de tonada cordobesa.
En el mismo sentido, cuestionó a los testigos Juan Martín y Juan Carlos Clemente, de quienes negó que hubiesen estado detenidos sino que se movían con libertad en la ex Jefatura. Agregó que ellos no nombraron a Conte, como tampoco lo hicieron otros, lo cual le confirma la idea de que nunca fue secuestrado. "Conte no figura tampoco en la documentación aportada por Clemente, que tiene una vital importancia, porque nunca estuvo allí e inventó todo para confundir al tribunal. Pido la exclusión de su prueba por dolo", aseguró.
Lo Pinto reiteró que la Defensoría Oficial intervino por mandato constitucional, obligación legal y en ejercicio del cargo público. Aclaró que su alegato se centró en cuestiones técnico jurídicas, y no políticas o ideológicas, aunque admitió la importancia histórica del proceso y la actuación responsable y respetuosa de las partes.
El funcionario cuestionó la inclusión de la figura internacional del genocidio en la acusación final, ya que no estaba mencionada en la elevación del caso a juicio oral, y pidió su nulidad por no haberse podido defender de esa imputación. Agregó que por la desafectación de Antonio Bussi por cuestiones de salud y de Albino Zimmermann y de Alberto Cattáneo por fallecimiento, se rompió la posibilidad de demostrar la cadena de mandos y la asociación ilícita.
Flores, a su turno, negó que se haya producido prueba suficiente de la usurpación de las casas de los Coronel. "La vivienda de Chacabuco 478 estaba inhabitada", aseveró.