Hay que priorizar el interés público en la cobertura de las decenas de vacantes que afectan hoy al Poder Judicial. Este es otro de los argumentos que el presidente del CAM, Antonio Gandur, sugirió al Gobierno que invoque para solicitar el levantamiento de la medida cautelar que mantiene paralizado desde el 28 de junio el primer concurso convocado por dicho órgano para la cobertura de cuatro cargos en la Cámara en lo Civil y Comercial Común de esta capital.
Gandur le remitió un proyecto al fiscal de Estado, Pedro Giúdice, para que, a partir de él, la Provincia (la parte demandada) confeccione el texto por medio del cual debe contestar la demanda promovida por la postulante María del Pilar Amenábar.
"Para la procedencia de tal medida cautelar, es necesario que el particular acredite razones de interés público, la necesidad de evitar perjuicios graves (en contra de él) o la alegación fundada sobre la existencia de un vicio manifiesto. Ninguno de tales extremos se configura en el caso. Por el contrario, existe un claro interés público, que excede el interés privado de la demandante, en seguir adelante con la sustanciación del procedimiento de selección para la cobertura de cargos en la Justicia", esgrimió.
"Hay más de 44 vacantes en la judicatura provincial. Esto hace suponer que, de no cubrirse tales cargos en un tiempo razonable mediante la vía de los concursos constitucionalmente establecida, se afectaría en gran medida el desarrollo regular de la administración de justicia. Esto, con el agravante de que tal crisis impacta en el derecho de todos los ciudadanos de obtener una tutela judicial adecuada y efectiva dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, lo que está garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional", arremetió.