El juez de instrucción que expandió los límites de la ordinariamente escueta competencia jurisdiccional; que invocó un fuero de atracción universal para investigar a tiranos de todo el mundo (y en ese afán importunó la vejez de Augusto Pinochet); el magistrado con alto perfil internacional que generó un modelo propio de Justicia asentado en la investigación de crímenes de lesa humanidad, ha sido suspendido por el supuesto delito de dictar a sabiendas una resolución ilegal en una causa inherente al pasado franquista.
La decisión del Consejo General del Poder Judicial, equivalente al Consejo de la Magistratura de la Argentina, refleja el grado de la oposición institucional a la peculiar magistratura de Baltasar Garzón. Su imagen de justiciero le acarreó el aislamiento político en la dinámica interna de la Justicia (donde tiene bloqueada la posibilidad de ascender), y la resistencia de sus pares y de los magistrados de alzada.
El legajo de servicios de Garzón revela casi una adicción por investigar ilícitos del poder, como el escándalo de corrupción del gobierno de Felipe González -"caso Gal"- o, más recientemente, el expediente "Gürtel", enorme trama de cohecho que salpica a jerarcas del Partido Popular.
Hace 11 años, mucho antes de que los tribunales argentinos declararon la inconstitucionalidad de los indultos menemistas, y de las leyes de Obediencia debida y Punto final, logró controvertir la regla de que el delito debía juzgarse en el país donde había sido cometido y, por esa vía, revisar los actos de ex militares y funcionarios de facto implicados en torturas, secuestros, desapariciones forzadas y limpiezas étnicas. Tal determinación golpeó las estrategias del olvido y la impunidad. Sus precedentes contribuyeron decisivamente a movilizar las instancias nacionales.
Dueño de una figura imponente, Garzón, que había removido la dolorosa historia de Sudamérica, quiso esclarecer el pasado escabroso de España.