Como ya lo hizo en el pasado, la Corte Suprema de Justicia debería retroceder y derogar la acordada N° 181/2010, por medio de la cual ha establecido la Oficina de Análisis Social y Económico para evaluar el eventual impacto que podría derivarse de las sentencias o pronunciamientos previstos por los tribunales provinciales. Esto lo aseguró, con firmeza, el secretario del Colegio de Abogados de la capital, Jorge Contrera. "La abogacía organizada de Tucumán se ha manifestado en contra de esta iniciativa de la que sólo puede rescatarse que se haya establecido la selección mediante concurso público de los integrantes de la unidad (un letrado, un contador público nacional o economista y un sociólogo)", argumentó.
El dirigente insistió en el mismo concepto. "Confiamos en que, además de derogar la acordada, la Corte utilizará el mismo procedimiento para, de ahora en más, cubrir todos los cargos en el Poder Judicial (ver "Los jueces..."). Sólo así se dará acabado cumplimiento a la Ley Orgánica, que, para la designación del personal, exige una selección basada en la idoneidad de los postulantes, que asegure la igualdad de oportunidades", esgrimió.
El valor de la idoneidad
Contrera destacó que, si se estableciera algún mecanismo de selección, los jóvenes abogados que están calificados tendrán oportunidad -en igualdad de condiciones- de ingresar a la carrera judicial. "Pero más importante aún: se daría continuidad a lo que se está haciendo a partir del establecimiento del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y de la celebración de concursos para acceder a la judicatura. Todo esto redundaría en una mejor calidad en la prestación del servicio de justicia", manifestó.
Asimismo, el dirigente advirtió que el rechazo que ha recibido la unidad proyectada por la Corte evidencia la orfandad en el diseño de políticas judiciales. "La falta de diálogo entre los factores involucrados hace que sean adoptadas decisiones unilaterales, que no son debidamente sopesadas y conversadas. Queremos que se nos dé una mayor y cierta participación, que no consista sólo en que nos informen sobre decisiones dispuestas con anterioridad", se quejó.
El dirigente insistió en el mismo concepto. "Confiamos en que, además de derogar la acordada, la Corte utilizará el mismo procedimiento para, de ahora en más, cubrir todos los cargos en el Poder Judicial (ver "Los jueces..."). Sólo así se dará acabado cumplimiento a la Ley Orgánica, que, para la designación del personal, exige una selección basada en la idoneidad de los postulantes, que asegure la igualdad de oportunidades", esgrimió.
El valor de la idoneidad
Contrera destacó que, si se estableciera algún mecanismo de selección, los jóvenes abogados que están calificados tendrán oportunidad -en igualdad de condiciones- de ingresar a la carrera judicial. "Pero más importante aún: se daría continuidad a lo que se está haciendo a partir del establecimiento del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) y de la celebración de concursos para acceder a la judicatura. Todo esto redundaría en una mejor calidad en la prestación del servicio de justicia", manifestó.
Asimismo, el dirigente advirtió que el rechazo que ha recibido la unidad proyectada por la Corte evidencia la orfandad en el diseño de políticas judiciales. "La falta de diálogo entre los factores involucrados hace que sean adoptadas decisiones unilaterales, que no son debidamente sopesadas y conversadas. Queremos que se nos dé una mayor y cierta participación, que no consista sólo en que nos informen sobre decisiones dispuestas con anterioridad", se quejó.