"Cuando un pobre infeliz empleado público cobra sueldo miserable como activo y una jubilación a la vez, lo dejan cesante. Pero si se trata de un político que cobra jubilación de privilegio y dieta o de un vocal de la Corte que cobra pasivo y salario, entonces hablamos de ’derechos adquiridos’: la impunidad está institucionalizada para la gente con poder". El pronunciamiento es del presidente de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, respecto de la polémica que se originó por la cesantía de 17 estatales que no avisaron que les había salido la jubilación. Debido a ello, los empleados públicos despedidos cobraba, de manera simultánea, el beneficio previsional y el salario como agentes públicos.

El ex legislador sugirió que el Ejecutivo actúa de manera parcial en lo que respecta a las acciones que impulsa ante esta situación de doble cobro. "Si verdaderamente el Gobierno quiere hacer justicia, deberá mandar un proyecto de ley a la Legislatura para que las personas jubiladas que estén trabajando en el Estado, sean políticos, magistrados, funcionarios -y hayan resultado electos o sido nombrados o contratados- tengan la obligación de suspender su jubilación. Sólo así el Gobierno tendrá autoridad para cesantear empleados", agregó el dirigente.