Por Alejandro Urueña
Ética e inteligencia artificial (Ia). Founder & ceo clever hans diseño de arquitectura y soluciones en inteligencia artficial. magister en inteligencia artificial.
A fines de agosto de 2026, un juzgado de familia y sucesiones libró un oficio a Google para pedir el historial de ubicación de la cuenta de una persona fallecida. La filial argentina contestó con tres oraciones; la del medio alcanza: “Google Argentina SRL no es una oficina, sucursal o representante legal de Google LLC». Las otras dos explican dónde está quien administra el servicio —Mountain View, California— y por dónde hay que ir a buscarlo: mediante exhorto internacional. Cuando las filiales locales son demandadas directamente en juicio, esa defensa empieza a perder terreno, pero el sistema igual avanza a paso de tortuga. El 23 de septiembre de 2026, la Corte Suprema le ordenó a Facebook Argentina eliminar las publicaciones cuestionadas —si todavía seguían disponibles— e informar quién era el titular de las cuentas anónimas, en una acción de hábeas data donde el planteo de la filial de no ser la demandada correcta ya había sido rechazado en primera instancia y en Cámara. Ese expediente se inició en 2019: casi siete años de trámite. Un pleito civil puede digerir ese plazo; una elección, no. En campaña el daño se mide en horas, y la pregunta decisiva es qué pasa cuando el oficio judicial sale un viernes a la noche, con la veda encima.
El caso de Brasil
Brasil ya atravesó las dos caras de este problema y dejó una lección más incómoda que triunfalista. La primera estación fue en 2024: X se había quedado sin representante legal en el país y el Supremo Tribunal Federal dejó asentado que sus intimaciones para que designara uno habían sido inútiles. El 30 de agosto, el ministro Alexandre de Moraes suspendió la plataforma en todo el territorio hasta que cumpliera las órdenes judiciales, pagara las multas e indicara en el expediente quién la representaba en Brasil. X acató porque enfrentó un poder federal capaz de apagarle el servicio en todo el país. La segunda estación ocurrió en octubre de 2026, durante el balotaje presidencial, cuando la coalición de Lula denunció ante el Tribunal Superior Electoral restricciones en la entrega de publicaciones en Facebook, perfiles inauténticos y fallas para identificar contenido sintético. La filial brasileña aclaró que el servicio lo presta Meta Platforms, Inc., pero no mandó al tribunal a California: intimada el sábado 10 de octubre, contestó el lunes 12 que había consultado a la casa matriz y que entregaría la información en 48 horas. Aun así, cumplió tarde y de manera incompleta durante el resto del tramo electoral. Por eso, el 10 de noviembre, el TSE le impuso por unanimidad 7,5 millones de reales por nueve días de multa escalonada —tres días de 500.000 reales y seis de un millón—, mientras el relator aclaraba que no había elementos para probar un sesgo deliberado: castigó la desobediencia, no la intención. Tener un representante local no volvió obediente ni rápida a la plataforma, pero evitó que la Justicia brasileña tuviera que cruzar un océano para notificarla y sancionarla.
De osos polares a satélites: ¿la IA los va a dejar sin agua?Tampoco conviene esperar que el filtro interno de las empresas resuelva el problema antes de que llegue a los tribunales. Antes de la primera vuelta brasileña, Amnistía Internacional puso a prueba el sistema publicitario de Meta con quince anuncios en portugués —catorce con desinformación electoral y uno neutro— cargados desde Londres por una cuenta deliberadamente sin verificación de identidad. Facebook aprobó ocho y detuvo siete, pero no por su contenido falso: los frenó para verificar la identidad del anunciante por tratarse de temas políticos y electorales. Ninguno llegó a circular porque la organización los canceló antes de su publicación, y Meta no había respondido la carta enviada el 21 de julio de 2026 al momento de difundirse el informe. Es una muestra pequeña, no un censo, y conviene decirlo sin exagerar. Aun así, alcanza para mostrar que la puerta abierta está en la propia ventanilla comercial de anuncios, donde un investigador de Amnistía resumió el riesgo sin rodeos: «con estos sistemas hay peligro de que se apruebe contenido dañino». Si la moderación automatizada falla incluso bajo la lupa de una elección presidencial brasileña, confiar en la autorregulación de las plataformas no es un plan: hace falta capacidad estatal de respuesta cuando el engaño ya está circulando.
En Tucunán
Con ese espejo conviene leer el dictamen que la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura de Tucumán firmó el 17 de noviembre de 2026. El problema no es la intención: el texto declara como principio rector el resguardo de la libertad de expresión y excluye la parodia, el arte y la sátira política. El problema es su diseño operativo. Rige apenas un mes —entre el inicio de la campaña, el 9 de abril de 2027, y el cierre del comicio, el 9 de mayo— y faculta a la Junta Electoral Provincial, a pedido de cualquier elector habilitado o del Ministerio Público Fiscal, a requerir que en doce horas las plataformas etiqueten, oculten, desmoneticen o remuevan un material y entreguen IP, interacciones y datos del usuario, sin exigir orden de un juez. Aunque prevé multas de uno a diez salarios mínimos para toda persona que genere o difunda contenidos falsos o manipulados —con un piso más alto para agrupaciones políticas y el triple si median sistemas automatizados—, esas sanciones apuntan a quien produce o viraliza el material, no a la plataforma que desoye un requerimiento de la Junta. En sus catorce artículos no fija sanción específica por incumplimiento de las empresas, no exige domicilio ni representante ni establece cómo notificarlas; apenas habilita convenios voluntarios. Incluso el algoritmo queda a medio camino: el texto define el «sistema de decisión automatizada» y luego abandona esa categoría, que solo reaparece rebajada como «sistemas automatizados» en un agravante. Ya hubo un anticipo del problema en la ciudad de Buenos Aires: el 17 de mayo de 2025 se denunció un video falso generado con inteligencia artificial ante el Tribunal Electoral porteño y a la madrugada del 18 el tribunal intimó a X en un plazo improrrogable de dos horas, pero dejó la confección y el diligenciamiento del oficio a cargo del propio denunciante. En Tucumán el calendario aprieta igual: la veda empieza el viernes 7 de mayo, y un plazo de doce horas sin domicilio válido ni sanción efectiva permite que un video subido el sábado a la noche amanezca en línea cuando abran las urnas. Doce horas sin a quién notificar ni cómo cobrar no son un plazo; son una expresión de deseo.
La caída de Jensen Huang y el futuro de la inteligencia artificial sin su reyUn proyecto alternativo sobre control algorítmico debería invertir esa lógica: primero garantizar a quién notificar, después ordenar. Tendría que alcanzar a operadores de inteligencia artificial generativa, publicidad algorítmica y plataformas digitales que presten servicios a personas domiciliadas en Tucumán, exigir revisión humana de toda decisión automatizada e imponer un Punto de Contacto Judicial con domicilio constituido, representante humano en la provincia, correo monitoreado, teléfono atendido por personas las 24 horas y un botón de baja judicial. A diferencia del dictamen, debería poner la decisión en manos de un juez civil y comercial —a pedido de la persona afectada y bajo cuatro causales taxativas que dejen afuera el periodismo, la opinión, el humor y la sátira—, fijar un plazo de ejecución de dos horas reducible a sesenta minutos ante una decisión colectiva inminente, ordenar citar a las partes y entregar datos identificatorios en 24 horas, y dejar a salvo la competencia federal; y, para forzar cumplimiento, prever sanciones conminatorias por cada hora de retardo, remisión penal por desobediencia, inhabilitación por hasta cinco años para contratar con el Estado provincial y multas de 50 a 10.000 salarios mínimos.
Tres piezas
Para blindar esa arquitectura sin que pierda eficacia —y evitar que caiga frente a planteos de inconstitucionalidad— alcanza con ajustar tres piezas dentro de lo que una provincia sí controla: anclar la ley en potestades provinciales indiscutibles, como el procedimiento judicial urgente contra ilícitos manifiestos, las obligaciones de partidos, candidatos y agencias locales, y la exigencia del punto de contacto como condición para contratar tecnología o recibir pauta oficial; acotar o retirar del trámite exprés sin audiencia previa la causal abierta de «publicidad algorítmica manipuladora» —ciñéndola a hechos objetivos como avisos pagos no declarados o suplantación de comunicaciones oficiales— para no abrir un flanco de censura previa; y asumir con honestidad el reparto federal. Tucumán puede darse hoy el mejor protocolo procesal y administrativo posible en su jurisdicción, aun sabiendo que obligar a las plataformas de California a constituir domicilio legal efectivo en toda la Argentina seguirá requiriendo una ley del Congreso de la Nación. La diferencia entre pedir por favor y blindar lo que sí está en manos de la provincia se va a notar una noche de veda, cuando aparezca el primer video y alguien tenga que firmar un oficio.