Cada noche, entre las 20 y las 23, la escena se repite frente a las pizzerías y casas de comida de cualquier centro urbano del país: decenas de motos y bicicletas estacionadas sobre la vereda, motores en marcha y grupos de repartidores aguardando el aviso en sus teléfonos. Lo que nació como una solución ágil para el consumo moderno, choca con la convivencia ciudadana. A partir de la reciente entrada en vigencia de los nuevos lineamientos de ordenamiento urbano en la Ciudad de Buenos Aires (Resolución 112/SECOU/26), el conflicto escaló.
La norma busca despejar el espacio público estableciendo que los locales gastronómicos deben organizar la espera y el despacho dentro de sus instalaciones, pudiendo ser sancionados si la vereda funciona como su "sala de espera", incluso cuando los repartidores trabajan a través de aplicaciones y no son empleados del comercio.
El reclamo de los vecinos
Del otro lado de la puerta, los frentistas y dueños de casas linderas padecen las consecuencias directas de una actividad que creció sin infraestructura acorde. Para quienes viven junto a polos gastronómicos, la acumulación de vehículos implica: pérdida de accesibilidad; veredas angostas obstruidas que obligan a peatones, adultos mayores o personas con movilidad reducida a bajar a la calle, además del bloqueo frecuente de rampas y entradas de garajes.
El ruido constante de caños de escape y el humo acumulado frente a ventanas y balcones durante los horarios de descanso nocturno. Para quienes viven del reparto, la calle no es un lugar de ocio sino su oficina a cielo abierto.
Tanto los trabajadores como sus organizaciones sindicales señalan una contradicción evidente: se les exige no ocupar la vía pública, pero las ciudades carecen de dársenas exclusivas de estacionamiento y de paradores con baños o resguardo climático.
Además, el sistema algorítmico de las aplicaciones premia la velocidad y penaliza la demora. Si un repartidor pierde tiempo buscando estacionamiento legal a dos cuadras del local, pierde ingresos. Sancionar al trabajador por detenerse unos minutos frente al comercio donde debe retirar un pedido resulta, en la práctica, castigar a quien menos margen de decisión tiene sobre cómo opera el sistema.
El cuestionamiento
Las cámaras gastronómicas -como la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE)- cuestionan que el Estado traslade el poder de policía a los comerciantes. Un encargado de local no tiene autoridad legal para multar ni desalojar vehículos de la vía pública, y en la mayoría de los locales de barrio tampoco existe espacio físico para alojar a 20 repartidores en simultáneo. Pero el punto central de la discusión apunta al actor que suele quedar fuera de las multas municipales: las plataformas digitales.
Son los algoritmos de estas empresas los que asignan los pedidos, calculan los tiempos de llegada (muchas veces enviando al repartidor antes de que la comida esté lista) y cobran comisiones de hasta el 30% a los locales, sin aportar infraestructura urbana para sostener la logística que generan.
Responsabilidad compartida
Resolver el problema de fondo difícilmente se logre cargando todo el peso de la ley sobre el mostrador del comerciante o sobre el bolsillo del repartidor. Un ordenamiento urbano justo y replicable en las provincias exige un esquema de responsabilidades compartidas. El Estado municipal debe adecuar la infraestructura urbana creando dársenas específicas para motos y bicicletas en zonas gastronómicas y fiscalizando infracciones graves (como el bloqueo de rampas o la circulación por veredas).
Por otra parte, las plataformas tecnológicas deben ajustar sus algoritmos para que el repartidor llegue cuando el pedido esté efectivamente listo y financiar o cofinanciar espacios de espera y paradores en puntos de alta demanda. Los comercios podrían colaborar cargando tiempos reales de preparación en las apps y ordenando el flujo interno de entrega sin invadir el espacio peatonal.
Y los repartidores, deberían mantener el compromiso con las normas básicas de convivencia vial, respetando rampas, accesos domiciliarios y espacios peatonales. El desafío para Buenos Aires y para cualquier ciudad argentina que tome su ejemplo es diseñar reglas donde todos los que participan del negocio asuman su parte.