Una discusión de tránsito ocurrida en mayo, en pleno microcentro de San Miguel de Tucumán, terminó de la peor manera cuando un automovilista sacó un arma y baleó a un ciclista a menos de un metro de distancia. A seis meses del episodio, la Justicia resolvió la causa con una condena de tres años de prisión de ejecución condicional y una reparación económica de $18 millones para la víctima.

El hecho ocurrió el 21 de mayo, alrededor de las 13.40, sobre calle San Juan al 600. Según la investigación del Ministerio Fiscal, el enfrentamiento comenzó cuando Gustavo José Luis Orce, de 50 años, que conducía un Ford Focus, discutió con Cristian Emanuel Palacios, de 43, quien circulaba en bicicleta. El motivo habría sido un supuesto roce en el espejo retrovisor del vehículo.

Sin embargo, el intercambio verbal escaló rápidamente. Orce, que llevaba una pistola semiautomática Bersa calibre 40 sin la debida autorización de portación, efectuó un disparo a menos de un metro de distancia. El proyectil impactó en el hombro izquierdo de Palacios.

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La lesión no comprometió órganos mayores ni vasos sanguíneos vitales y demandó menos de un mes de recuperación. Después del ataque, el automovilista intentó continuar su marcha, pero fue interceptado y aprehendido por efectivos policiales a pocos metros del lugar.

La condena y la reparación económica

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Criminal I, conducida por Mariano Fernández. Para reconstruir lo sucedido, el Ministerio Fiscal reunió actas policiales, historias clínicas, testimonios presenciales, registros de las cámaras del Centro de Monitoreo e informes de dermotest que dieron resultado positivo.

Frente a las pruebas incorporadas a la causa, Orce reconoció de manera lisa, llana e incondicional su responsabilidad en el ataque. De esa manera, se avanzó con un acuerdo de juicio abreviado que contó con el consentimiento expreso de la querella.

La resolución estableció una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. Esto significa que el condenado no irá a prisión, siempre que cumpla las reglas de conducta impuestas por la Justicia durante el plazo establecido.

Entre las condiciones figura la prohibición de acercarse a Palacios o a su domicilio a menos de 200 metros. También deberá fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados, abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas y no tener ni portar armas de ningún tipo o calibre.

Además de la condena, el acuerdo contempla una reparación económica de $18 millones para la víctima. El pago se realizará en dos etapas: $10 millones al contado y los $8 millones restantes en cuatro cuotas mensuales consecutivas de $2 millones.