La investigación judicial por la presunta estafa con la criptomoneda $Libra todavía tiene dos vías abiertas para intentar evitar su cierre definitivo. Aunque el fiscal Eduardo Taiano sostuvo su postura de avanzar con los sobreseimientos de los imputados, dos planteos buscan revertir esa decisión y reactivar las medidas de investigación sobre un caso que involucra al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otras personas.

Una de las iniciativas fue impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que pretende asumir el ejercicio de la acción penal y continuar con las diligencias que considera pendientes. La otra corresponde a un grupo de inversores damnificados que busca recuperar su condición de querellante para intervenir en el expediente y cuestionar el cierre de la causa.

Ambos planteos se encuentran ahora a la espera de definiciones judiciales.

La PIA cuestionó el cierre de la causa $Libra

El 29 de octubre, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, presentó un escrito ante el Juzgado Federal N° 8 para objetar la decisión de Taiano de avanzar con el sobreseimiento de los once imputados.

El organismo consideró que el cierre de la investigación fue "prematuro" y advirtió que todavía existen elementos que podrían analizarse antes de dar por concluido el expediente. Entre las medidas que propuso profundizar figuran los peritajes sobre dispositivos electrónicos, el análisis de las comunicaciones entre los involucrados y la reconstrucción de la trazabilidad de las operaciones realizadas con la criptomoneda.

Para la PIA, los indicios reunidos hasta el momento presentan "señales de una concertación defraudatoria", por lo que entiende que todavía hay pruebas relevantes por producir.

Sin embargo, el planteo encontró resistencia en el propio fiscal de la causa. En una presentación del 11 de noviembre, Taiano rechazó los argumentos de Rodríguez y defendió su posición favorable a los sobreseimientos.

El representante del Ministerio Público Fiscal calificó de "desacertada" la interpretación de la PIA y cuestionó que el organismo hubiera accedido a los detalles del expediente. Incluso sostuvo que sus fundamentos estaban construidos sobre "afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente".

Ahora, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver si habilita la intervención de la procuraduría. En caso de que rechace el pedido, la PIA ya dejó planteada una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal pueda revisar esa decisión.

Cinco inversores buscan volver a ser querellantes

La segunda alternativa para intentar reactivar la investigación está vinculada con los damnificados que fueron apartados del expediente y pretenden recuperar su participación como querellantes.

Se trata de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. Los cinco habían sido excluidos por decisión del juez, luego de un planteo de Mauricio Novelli, uno de los involucrados en la creación de la criptomoneda que promocionó Milei.

Sus abogados recurrieron esa medida y consiguieron un avance el pasado 4 de noviembre. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió los recursos para que se revise el apartamiento de los inversores.

El mismo tribunal habilitó la revisión de otro planteo presentado por dos damnificados de origen bielorruso, que también buscan ser reconocidos como querellantes.

La resolución de Casación no implica que los inversores hayan sido reincorporados automáticamente a la causa. Todavía deben esperar una decisión que les permita recuperar esa condición y, eventualmente, intervenir en las discusiones sobre los sobreseimientos y solicitar nuevas medidas de prueba.