En un nuevo capítulo del enfrentamiento institucional que atraviesa al Poder Judicial tucumano, las elecciones de renovación de autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) volvieron a quedar formalmente suspendidas este jueves 12 de noviembre, luego de que el juez en lo Civil y Comercial Común de la XIII° Nominación, Raúl Tejerizo, concedió con efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la camarista Malvina Seguí.
De esta manera, el magistrado dejó en suspenso la ejecución del punto segundo de su propia sentencia de fondo del 10 de noviembre -con la cual había rechazado el amparo y levantado el freno comicial-, restableciendo de manera automática la vigencia de la medida cautelar de no innovar dictada por la Cámara Civil el pasado 29 de octubre. La resolución paraliza nuevamente el llamado a las urnas convocado para el 3 de diciembre y traslada la definición definitiva a la Alzada.
En la resolucion firmada digitalmente y notificada de urgencia por el director de la Oficina de Gestión Asociada (OGA) N° 3, Fernando Moyano, Tejerizo fue taxativo respecto del alcance temporal de la suspensión: "1). Concédese, con efecto suspensivo (Art. 28, cuarto párrafo, CPCT), el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 10/11/2026. 2). Atento al efecto con que se concede el recurso, hágase saber a las partes que lo dispuesto en el punto II de la sentencia de fecha 10/11/2026 no se ejecutará hasta tanto se pronuncie la Excma. Cámara". Asimismo, el juez dispuso habilitar días y horas inhábiles para la elevación inmediata del expediente y ordenó notificar de manera urgente al apoderado de la entidad para que "deberá ponerlo en conocimiento de su Consejo Directivo y de su Tribunal Electoral", emplazando a ambas partes a comparecer ante el tribunal superior en el perentorio plazo de 24 horas.
Los ejes de la apelación: crítica al "absurdo jurídico" y defensa de la cautelar
La resolución de Tejerizo dio curso al escrito de 28 páginas presentado por el abogado Eduardo Racedo en representación de Seguí, vocal de la Cámara del Trabajo de Concepción y candidata a presidenta de la entidad. En su planteo, se cuestionó en primer término la competencia del juez de grado para extinguir una medida cautelar dispuesta por un tribunal jerárquicamente superior, al advertir que "no lo autoriza a revisar ni a extinguir una medida dispuesta por el tribunal de alzada, que se reservó expresamente su modificación o su cese". La apelación subrayó que, conforme al artículo 28 del Código Procesal Constitucional, los recursos contra sentencias definitivas en procesos de amparo proceden siempre con efecto suspensivo, por lo que permitir la reanudación del calendario de la Resolución N° 01/2026 antes de un pronunciamiento firme tornaría abstracta la revisión de la Cámara y consumaría un daño institucional irreparable.
En cuanto al fondo de la controversia -el cómputo de los cuatro años de antigüedad que exigen los artículos 8 y 37 del estatuto a los funcionarios judiciales ("socios adherentes") para votar e integrar listas-, Seguí atacó el argumento central de Tejerizo, quien había sostenido que el artículo 5° reformado desplazaba por especialidad a la cláusula transitoria del artículo 40. "La sentencia construye una antinomia inexistente entre la norma de vigencia (art. 40) y una norma interna del estatuto (art. 5). Una norma de segundo grado y una norma de primer grado no pueden estar en contradicción", refutó la camarista, y calificó el razonamiento del juzgado como un "absurdo jurídico" y una "petición de principio". Remarcó que el artículo 40 -aprobado como parte integrante del texto ordenado en 2021 y ratificado en 2025- difirió de manera expresa e inequívoca la entrada en vigor de toda la reforma hasta su publicación en el Boletín Oficial, ocurrida el 31 de octubre de 2025. Por ello, sostuvo que ningún adherente alcanzará el tiempo legal antes del 31 de octubre de 2029 y reprochó que el juez haya omitido valorar una prueba dirimente: el dictamen técnico de la Asesoría Letrada de la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) que certificó que la reforma entró en vigencia recién en octubre de 2025.
Asimismo, Seguí denunció que la sentencia aplicó al revés la doctrina de los actos propios al pretender obligarla a convalidar incorporaciones realizadas por la directiva antes de la vigencia estatutaria, cuando ella misma votó el texto con la cláusula diferida y jamás participó de la asamblea de 2021. Señaló que habilitar irregularmente a unos 50 funcionarios -más del 20% del cuerpo electoral regular de 200 magistrados- diluye el sufragio de quienes sí están habilitados y condiciona la conformación de listas, concluyendo que "el principio pro sufragio no autoriza a ampliar el cuerpo electoral contra el texto del estatuto: protege el derecho de votar de quienes lo tienen".
Una cronología de fracturas, recusaciones y frentes abiertos
El nuevo freno a las elecciones se inserta en una extensa saga de conflictos judiciales que sacude a la conducción de la AMT, presidida por la camarista civil Marcela Ruiz. El expediente electoral iniciado por Seguí el 14 de octubre atravesó un laberinto procesal inédito: tras la inhibición inicial de Tejerizo por ser socio activo y la observación de su par Camilo Appas, la Cámara Civil sufrió una ola de apartamientos que forzó al vocal Benjamín Moisá a asumir una presidencia subrogante para rechazar excusaciones bajo la advertencia de que la complacencia "hace crujir los cimientos de la República". Luego de que Tejerizo denegara una primera cautelar el 21 de octubre y fuera recusado por temor de parcialidad, las camaristas Florencia Natalia Presti y María Soledad Monteros revocaron esa decisión el 29 de octubre (Sentencia N° 632) y ordenaron suspender las elecciones hasta que recayera pronunciamiento de fondo. Esa paralización continuó vigente tras el fracaso de una audiencia privada de conciliación celebrada el pasado 6 de noviembre y el pedido de pronto despacho en el que Seguí advirtió que "la regularidad electoral no se negocia en democracia", desembocando en el fallo adverso del martes que hoy vuelve a quedar neutralizado por la apelación.
Los otros procesos
En paralelo a la contienda por las urnas, la AMT enfrenta un frente judicial por la rendición de cuentas. En el Juzgado Civil de la XI° Nominación tramita la demanda de nulidad de asamblea promovida en julio por la jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Ana María Iacono, quien impugnó la aprobación a "libro cerrado" del balance 2025 en la asamblea del 23 de abril. En esa causa, tras recusar sin causa al primer juez interviniente, Pedro Yane Mana, la magistrada Inés Yamuss ejecutó el 13 de octubre una inspección ocular donde constató un libro de Bancos en blanco desde mayo de 2017, planillas informales de Excel con agregados manuscritos, facturas de prepagas (OSDE y Swiss Medical) con anexos de personas físicas y comprobantes sueltos como un recibo sin membrete por $6 millones bajo el concepto de comida. Días más tarde, el 27 de octubre, Yamuss se apersonó nuevamente a la sede asociativa, obligándolos a entregar los extractos bancarios del Banco Macro de todo 2025; procedimiento que motivó que la AMT recusara con causa a la jueza denunciando un anticipo de criterio por WhatsApp, incidente que Yamuss rechazó citando el principio de no contradicción de Aristóteles y que también aguarda definición de la Cámara.
A ese cuadro se suman las reiteradas intimaciones extrajudiciales del juez penal Gonzalo Ortega sobre el ejercicio 2024 -exigiendo explicaciones por erogaciones de $22,7 millones en cafetería, pagos millonarios en farmacias, transferencias a la UNSTA y el manejo de fondos durante la acefalía institucional constatada entre 2022 y 2024 por Personas Jurídicas-. Tras la negativa de la directiva a exhibir los comprobantes alegando que "no existe la figura del asociado por el pasado", Ortega retiró formalmente su solicitud de reafiliación denunciando que le trabaron el reingreso para impedirle auditar, respaldó a Seguí y a Iacono y sentenció que le provocaba "vergüenza ajena" la resistencia a transparentar los números de la corporación.
Pese a que Ruiz salió públicamente en televisión a admitir que el conflicto resulta "bochornoso" y a atribuir las denuncias a una interna electoral para debilitar a la magistratura, el efecto suspensivo concedido hoy por Tejerizo devuelve la pelota a la Cámara Civil, que deberá resolver con carácter urgente si habilita el padrón de funcionarios o si posterga definitivamente los comicios hasta 2029