La estrategia internacional de Cristina Kirchner para recuperar sus derechos políticos sumó un nuevo obstáculo. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cerró a principios de noviembre su último período de sesiones ordinarias del año sin tratar el reclamo presentado por la defensa de la ex presidenta, que busca revertir su condena en la causa Vialidad y habilitarla para competir en futuras elecciones.

El planteo de fondo podría ser analizado recién el año próximo. Sin embargo, los abogados de la ex mandataria sostienen que las tres medidas cautelares que acompañan la presentación pueden ser tratadas en cualquier momento. Sobre esa posibilidad deposita parte de sus expectativas electorales, en medio de la interna política que mantiene con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia y, en cumplimiento de ese fallo, la ex presidenta también fue excluida del padrón electoral, según publicó Clarín. Actualmente cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111.

A este escenario se suman otros dos procesos judiciales: el juicio por la causa Cuadernos y el expediente Hotesur-Los Sauces. En caso de recibir nuevas condenas, las penas se acumularán a las que ya registra una vez que queden confirmadas por la Corte Suprema.

Pese a ese panorama, la ex mandataria inició una serie de acciones en el ámbito internacional para intentar revertir una condena que ya fue ratificada por la máxima autoridad judicial del país.

Qué reclama Cristina Kirchner ante la ONU

La presentación fue realizada por sus abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego Borrego ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un organismo creado a partir del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y su Protocolo Facultativo.

En el escrito, la defensa denunció presuntas violaciones sustanciales a ese tratado, sostuvo que se agotaron todas las instancias judiciales disponibles en la Argentina y solicitó medidas cautelares urgentes, consignó Clarín.

Uno de los ejes del planteo apunta al derecho a votar y ser elegida. Los abogados sostienen que el proceso penal tuvo como finalidad última la “proscripción electoral de la expresidenta para impedir futuras candidaturas electorales”. En esa línea, consideran que la inhabilitación perpetua constituye una restricción ilegítima y desproporcionada de sus derechos políticos.

Sin embargo, fuentes judiciales citadas por el mencionado diario señalaron que la condena fue confirmada por la Corte Suprema y que una eventual decisión del Comité de la ONU no es vinculante ni puede interferir en la Justicia argentina. También remarcaron que la inhabilitación especial es una “consecuencia directa del delito cometido y corroborado por todas las instancias judiciales”.

En ese sentido, recordaron que la defensa nunca apeló específicamente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, contemplada en el Código Penal, durante las distintas instancias de revisión posteriores a la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2).

Otro de los cuestionamientos se relaciona con el supuesto derecho a un juicio justo. Los abogados sostienen que se le atribuyó responsabilidad penal por “actos de gestión administrativa que no le correspondían en el marco constitucional”, lo que, según su interpretación, habría afectado su derecho a una adecuada defensa técnica.

También reclamaron la intervención de un “tribunal competente, independiente e imparcial”. En ese punto, denunciaron una presunta violación de la garantía del juez natural, maniobras de asignación irregular de expedientes, conocidas como forum shopping, y supuestos vínculos personales entre jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores.

La defensa también cuestionó el alcance de la revisión de la condena. Sostuvo que la Cámara Federal de Casación Penal no realizó un examen auténtico ni un control judicial efectivo de los planteos presentados en el recurso de casación, lo que, según argumentó, afectó la garantía del doble conforme.

Entre otros puntos, objetó el funcionamiento del sistema recursivo porque la Corte Suprema intervino con una integración reducida a tres ministros, lo que, a su entender, habría impedido un escrutinio independiente. También cuestionó que un magistrado recusado participara en la resolución de su propia recusación.

Para los abogados, la vía judicial quedó definitivamente agotada el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema dictó su resolución, y desde entonces quedó habilitada la intervención del Comité de la ONU.

No obstante, los planteos de la defensa ya fueron analizados durante el proceso penal y en sus distintas instancias de revisión. El sistema jurídico argentino no contempla una cuarta instancia judicial después de un pronunciamiento de la Corte Suprema. En ese marco, el Comité de Derechos Humanos puede emitir observaciones o recomendaciones al Estado argentino, pero no tiene facultades para revocar una sentencia de la Justicia nacional.

Cuándo podría tratarse el reclamo

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está integrado por expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron.

El procedimiento establece que, una vez recibida una denuncia, el organismo debe dar traslado al Estado señalado para que presente sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo del planteo. Luego, la defensa tiene la posibilidad de responder. Se trata de un trámite que habitualmente demora entre dos y tres años y que no implica un dictamen inmediato.

Según la información oficial, el período de sesiones de otoño del Comité (CCPR) concluyó a principios de noviembre. Al tratarse de la tercera y última reunión ordinaria del calendario anual, la actividad se retomará durante el primer trimestre del próximo año.

Mientras tanto, la defensa de Cristina Kirchner mantiene sus expectativas en las tres medidas cautelares solicitadas. Estas apuntan a suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, modificar la integración del tribunal de casación constitucional y cambiar las condiciones de cumplimiento de la prisión domiciliaria.