“¿Alguno está de acuerdo con que desciendan 10 equipos?” La pregunta de Claudio Tapia encontró una respuesta que, en realidad, no necesitaba demasiadas explicaciones. Silencio absoluto. Ninguno de los dirigentes presentes en la última reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional levantó la mano. Nadie quiso quedar expuesto. River, a través de su representante, fue el único que se animó a marcar una diferencia con la propuesta de la AFA. Unas horas después, Estudiantes hizo público su respaldo. La escena duró apenas unos segundos, pero dejó una imagen que excede largamente la discusión sobre los descensos: en el fútbol argentino, cada vez cuesta más separar las decisiones deportivas de las disputas por el poder.
El formato de los campeonatos, la cantidad de participantes y la organización de los torneos deberían formar parte de una discusión deportiva. Sin embargo, hace tiempo que esas decisiones parecen responder también a una lógica dirigencial. Los cambios de reglamento, los calendarios que se modifican sobre la marcha y la dificultad para establecer reglas estables alimentan una sensación de incertidumbre que termina perjudicando a todos. Los clubes necesitan previsibilidad para planificar, los futbolistas necesitan saber bajo qué condiciones compiten y los hinchas merecen entender qué campeonato están mirando.
La aparición de River y Estudiantes como voces críticas de la conducción de Tapia volvió a poner esa discusión sobre la mesa. Pero esta vez el escenario sumó un elemento de mayor peso: los fallos de la Corte Suprema del 5 de noviembre, que representaron un nuevo revés para la estrategia judicial de la AFA.
El máximo tribunal dejó sin efecto la resolución que había permitido a la entidad salir del registro de la Inspección General de Justicia y ratificó las facultades de fiscalización de ese organismo. También rechazó la pretensión de concentrar en el juzgado federal de Campana las investigaciones vinculadas con presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la institución. No son condenas ni determinan responsabilidades penales. Son decisiones sobre competencias judiciales y controles institucionales. Pero tienen un significado que va más allá de los expedientes: ninguna entidad, por poderosa que sea, puede pretender quedar al margen de las obligaciones que establece la ley.
La autonomía de la AFA es necesaria. El fútbol debe preservar su independencia para organizar sus competencias y elegir a sus autoridades sin intromisiones políticas. La FIFA tiene sus propias reglas y la experiencia internacional indica que los gobiernos no deben utilizar el deporte como una herramienta de presión. Pero defender esa autonomía no puede convertirse en una excusa para evitar explicaciones. Una cosa es proteger a una institución de las interferencias externas y otra muy distinta es confundir independencia con inmunidad.
Tampoco el Gobierno puede aprovechar los cuestionamientos para convertir cada diferencia en una batalla por el control del fútbol. Los organismos estatales tienen la obligación de fiscalizar dentro de la ley, no de utilizar sus facultades como mecanismos de presión. La discusión no debería ser quién consigue imponerse en esta pulseada, sino cómo garantizar que las instituciones funcionen con reglas claras, controles efectivos y decisiones transparentes.
Los títulos no deben convertirse en un salvoconducto dirigencial
Tapia construyó un poder dirigencial que durante años pareció difícil de discutir. Su gestión atravesó algunos de los momentos deportivos más extraordinarios de la historia de la selección argentina. Ganó títulos, consiguió respaldos políticos y logró consolidar una estructura que todavía cuenta con el apoyo de la mayoría de los clubes. Sería injusto desconocer esos méritos. Pero también sería un error utilizarlos como argumento para evitar cualquier cuestionamiento, porque los resultados deportivos no pueden convertirse en un salvoconducto dirigencial.
Ganar una Copa América o un Mundial no otorga una licencia para administrar una institución sin dar explicaciones. La Selección puede ser motivo de orgullo para millones de personas, pero ese sentimiento no debería confundirse con una adhesión automática a quienes conducen la AFA.
El fútbol argentino tiene problemas que no se resuelven con una discusión en Ezeiza ni con una reunión entre dirigentes. Necesita campeonatos organizados con criterios deportivos, calendarios previsibles, una distribución de recursos que pueda explicarse, arbitrajes que generen confianza y clubes con participación real en las decisiones. También necesita una dirigencia que entienda que administrar una institución de semejante dimensión implica una responsabilidad que va mucho más allá de reunir votos y conservar el poder.
River y Estudiantes pueden contribuir a esa discusión, pero también tendrán que demostrar que sus cuestionamientos no responden solamente a una diferencia de intereses. No alcanza con señalar lo que está mal: hace falta construir propuestas y ofrecer una alternativa superadora.
Mientras tanto, la pelota sigue rodando. Los hinchas llenan las canchas, los futbolistas compiten y la Selección continúa despertando una pasión que atraviesa generaciones. Es una contradicción que un deporte capaz de generar semejante sentimiento colectivo tenga que convivir con una conducción permanentemente expuesta a cuestionamientos institucionales y judiciales.
Quizás llegó el momento de entender que el verdadero desafío no es ganar otra pulseada, conseguir otro respaldo o demostrar quién tiene más poder. El desafío es construir una AFA que no necesite defenderse todo el tiempo de quienes la cuestionan, sino que pueda respaldar cada una de sus decisiones con argumentos, transparencia y reglas claras.
Porque los dirigentes pueden sentirse dueños de la AFA, pero nunca deberían olvidar que el fútbol argentino no les pertenece.