El juicio por el doble crimen de Colonia Santa Rosa se resolvió mediante un jurado popular integrado por 12 ciudadanos salteños, elegidos por sorteo del padrón electoral. Fueron ellos quienes escucharon las pruebas, analizaron los testimonios y decidieron la responsabilidad penal de los tres acusados: los tucumanos Elvio Augusto Díaz y Carlos Fernando Rodríguez, y el salteño Roberto Enrique Larrán.
Antes de comenzar el debate, los candidatos participaron de una audiencia de selección para garantizar su imparcialidad. El servicio de jurado es una carga pública obligatoria, pero quienes son convocados reciben una compensación económica por cada jornada, además de cobertura de los gastos de traslado y refrigerio. Si trabajan en relación de dependencia, el Estado transfiere el pago a sus empleadores para evitar que pierdan ingresos.
Durante el juicio, los jurados permanecen aislados y sus identidades se mantienen en reserva. No pueden ser fotografiados ni filmados. Su función es actuar como jueces de los hechos: escuchar a las partes, examinar las pruebas y determinar si los acusados son culpables o no.
El juez técnico, en este caso Raúl Fernando López, conduce el proceso, explica las cuestiones legales y se encarga de establecer las penas. Una vez finalizadas las exposiciones, los 12 integrantes se reúnen a deliberar en secreto.
Unanimidad
En Salta, el veredicto de culpabilidad requiere unanimidad. En este caso, después de más de dos horas de deliberación, el jurado declaró a Díaz y Larrán culpables como coautores y a Rodríguez como partícipe primario. Luego, el juez López les impuso a los tres la pena de prisión perpetua. En el caso que hubiesen sido declarados “no culpables”, el juez no les podría haber impuesto una pena.