El transporte público de pasajeros atraviesa un escenario cada vez más complejo en Tucumán. Mientras el Estado provincial destina alrededor de $12.000 millones mensuales al sostenimiento del sistema, desde el sector empresario advierten que esos recursos no alcanzan para resolver los problemas estructurales y que, sin asistencia estatal, el costo del boleto debería rondar los $3.500.
La estimación fue realizada por Jorge Berretta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), quien explicó a LA GACETA que el monto que aporta la Provincia contempla diferentes conceptos y no representa exclusivamente subsidios tarifarios.
En diálogo con LG Play, el dirigente precisó que unos $5.500 millones corresponden a compensaciones tarifarias, mientras que el resto se destina a cubrir prestaciones como el boleto gratuito para más de 100.000 estudiantes y los 16 viajes mensuales que reciben entre 85.000 y 95.000 jubilados. En ambos casos, explicó, el Gobierno provincial financia el 50% del beneficio y las empresas absorben la otra mitad.
Sin compensaciones nacionales, el PE invierte unos $12.000 millones al mes en transporte públicoBerretta también aclaró que entre el 33% y el 35% de los fondos destinados a compensaciones se distribuye al transporte urbano municipal.
Al explicar por qué el boleto debería alcanzar los $3.500 para sostenerse sin subsidios, Berretta señaló que el cálculo contempla salarios, cargas sociales, combustible, insumos y renovación de unidades. A esos componentes se suman los aumentos permanentes de los costos operativos.
Como ejemplo, mencionó que el gasoil registró una suba del 10% durante la última semana, mientras que los salarios del sector aumentaron un 11,7% el mes pasado. Según indicó, esa dinámica obliga a recalcular constantemente los costos del servicio.
El dirigente atribuyó parte de la crisis a la fuerte caída de pasajeros. De acuerdo con sus estimaciones, el sistema transporta actualmente entre un 45% y un 50% menos de usuarios que en 2019, el último año previo a la pandemia. Esa disminución impacta directamente en la ecuación económica de las empresas, ya que los gastos deben distribuirse entre una cantidad mucho menor de boletos vendidos.
Pese a las dificultades, Berretta consideró que Tucumán se encuentra entre las provincias mejor posicionadas del Norte Grande. En ese sentido, mencionó que Salta, que históricamente fue tomada como referencia en materia de transporte, actualmente debió reducir sus servicios. También destacó que Tucumán y Salta se encuentran entre las jurisdicciones de la región que pagan salarios actualizados en línea con los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El reclamo a la Nación y una propuesta para bajar el costo del boleto
Frente a este panorama, el vicepresidente de Aetat reclamó que el Gobierno nacional reconozca las necesidades del transporte del interior y planteó una alternativa para reducir los costos sin que necesariamente deba enviar más fondos a las provincias.
Su propuesta consiste en avanzar con una reducción de la carga impositiva sobre el gasoil y establecer mecanismos de compensación para las petroleras. Según explicó, el 35% del precio del combustible corresponde a impuestos y existe otro 15% sobre el cual podrían aplicarse beneficios fiscales.
"Es el momento de que la Nación compense al interior del país, aunque sea de esta manera, sin mandar plata, sino bajando impuestos", sostuvo.
Berretta consideró que esa medida permitiría sostener las tarifas durante un tiempo más y aliviar la presión sobre los usuarios. Además, anticipó que el planteo será presentado formalmente ante diputados, senadores y autoridades nacionales, luego de que las gestiones realizadas a través de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) no obtuvieran respuestas favorables.
La necesidad de una reestructuración del transporte
Para el empresario, la reducción de los costos del combustible sería apenas un primer paso. A su entender, el sistema necesita una reestructuración integral que incluya una discusión sobre qué modelo de transporte público quieren la Provincia y los municipios.
En ese marco, propuso ampliar los carriles exclusivos y establecer entre cuatro y seis arterias prioritarias para la circulación de colectivos, con el objetivo de agilizar los recorridos y mejorar la prestación.
También planteó la necesidad de revisar la regulación de las aplicaciones de transporte. Como ejemplo, mencionó el caso de Córdoba, donde se habilitaron aplicaciones de vehículos particulares, pero no las modalidades de motos, debido a cuestiones vinculadas con la seguridad y la falta de seguros que garanticen la cobertura de los pasajeros.
"El transporte público tiene prioridad en todo el mundo. Y en todo el mundo es subsidiado", remarcó Berretta.