La relación entre el poder político y la prensa en Argentina continuó marcada por fuertes tensiones durante el último semestre. Así lo señala el informe presentado ante la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Bogotá, que registra ataques contra periodistas, restricciones al acceso a fuentes oficiales y proyectos legislativos que generan preocupación por sus posibles consecuencias sobre la libertad de expresión.
Uno de los aspectos más relevantes fue la persistencia de las descalificaciones del presidente Javier Milei contra periodistas y medios. Entre el 17 y el 23 de agosto, su cuenta en X republicó 335 mensajes contra la prensa, a los que se sumaron 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas en intervenciones públicas. En ese período fueron señalados al menos 16 periodistas y nueve empresas periodísticas. En lo que va de 2026, la Academia Nacional de Periodismo ha registrado 856 insultos del Presidente contra periodistas.
También generaron preocupación las iniciativas destinadas a sancionar la difusión de informaciones consideradas falsas. El ministro de Economía, Luis Caputo, propuso una ley para castigar esas conductas, planteo respaldado por Milei. Por otra parte, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional contempla penas de prisión por campañas de “desinformación masiva” y “manipulación de la opinión pública” vinculadas con injerencias extranjeras. Adepa advirtió que la imprecisión de esos conceptos podría inhibir investigaciones y publicaciones de interés público.
El informe también registra restricciones al acceso a fuentes oficiales en la Casa Rosada, el Congreso y organismos públicos. En el ámbito judicial, destaca las medidas cautelares dictadas a partir de una denuncia del presidente de la AFA, Claudio Tapia, que limitaron la actividad de varios periodistas. Las restricciones fueron posteriormente revocadas.
Arrestados
Otro episodio significativo ocurrió en Formosa, donde cuatro integrantes de un equipo periodístico de LN+ fueron condenados a cinco días de arresto, sustituibles por una multa, por su trabajo en una comunidad local. La sentencia cuestionó que carecieran de una credencial habilitante. Adepa recordó que en Argentina no se requiere autorización estatal para ejercer el periodismo.
También se denunciaron amenazas contra periodistas. Como contrapartida, hubo decisiones judiciales favorables a la libertad de prensa, entre ellas el sobreseimiento definitivo de Daniel Santoro.
Finalmente, Adepa alertó sobre el uso de contenidos periodísticos por sistemas de inteligencia artificial sin autorización ni compensación adecuada, y reclamó reglas que permitan sostener económicamente a las redacciones profesionales.
El balance del semestre refleja un escenario en el que las descalificaciones desde el poder conviven con iniciativas legales y restricciones que ponen a prueba las garantías constitucionales de la libertad de prensa.