Los gremios universitarios ratificaron la quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, pese al fallo de la Justicia que ordenó al Gobierno nacional aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización había sido convocada antes de la resolución y los sindicatos sostienen que continuarán con el plan de lucha ante la falta de respuestas sobre salarios, becas y presupuesto para las universidades nacionales.

El martes, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 en el tramo que había suspendido la aplicación de la Ley 27.795 y ordenó al Poder Ejecutivo cumplirla de manera inmediata. El magistrado hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, además de la presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La resolución representa un nuevo capítulo del conflicto entre las universidades y el Gobierno nacional. Según la información difundida por la UBA, el juez consideró que el decreto había generado, en sus efectos concretos, una instancia de veto que no está prevista por la Constitución y ordenó al Ejecutivo dictar las normas necesarias para implementar la ley.

Por qué los gremios mantienen la marcha universitaria

Pese al respaldo judicial, los sindicatos decidieron mantener la movilización porque consideran que todavía no existe certeza sobre la aplicación efectiva de la norma. El titular de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que la Quinta Marcha Federal Universitaria “se hace” y explicó que la decisión responde a la falta de señales del Gobierno respecto del cumplimiento del fallo.

En la misma línea, desde el sector nodocente remarcaron que continuarán con el plan de lucha y con paros escalonados en distintas universidades. La movilización del 15 de octubre tendrá como reclamos centrales el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición de los salarios docentes y nodocentes y mayores recursos para las universidades nacionales.

El conflicto salarial también continúa abierto. En septiembre, la negociación entre el Gobierno y los gremios universitarios terminó sin acuerdo: la propuesta oficial contemplaba un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, mientras las organizaciones sindicales reclamaban una recomposición mayor.

Universidades argentinas: qué pasó con el ranking QS

El conflicto por el financiamiento ocurre mientras las universidades argentinas enfrentan un retroceso en la última edición del ranking QS de América Latina y el Caribe. En la medición fueron incluidas 46 instituciones argentinas: 17 descendieron posiciones, ocho mejoraron y 20 permanecieron estables.

La consultora Quacquarelli Symonds (QS) señaló que la Argentina fue uno de los sistemas universitarios con mayor retroceso neto entre los países de la región con al menos diez instituciones clasificadas. Sin embargo, el ranking no permite atribuir de manera exclusiva esos movimientos al conflicto presupuestario: la medición combina indicadores como reputación académica, reputación entre empleadores, investigación internacional y proporción de docentes con doctorado.

La UBA, en tanto, continúa entre las universidades argentinas mejor posicionadas y conserva una fuerte valoración en reputación académica y entre empleadores. El resultado muestra así un escenario mixto: mientras algunas instituciones retrocedieron en la clasificación regional, el sistema universitario argentino mantiene fortalezas en distintos indicadores.

La marcha del 15 de octubre

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizará el jueves 15 de octubre y contará con la participación de docentes, nodocentes, estudiantes y organizaciones universitarias. La convocatoria se mantiene pese al nuevo fallo judicial y suma, además del reclamo por el financiamiento, la discusión salarial y el presupuesto destinado a las universidades nacionales.

El dato político del conflicto es, entonces, que el fallo judicial no desactivó la protesta. Para los gremios, la cuestión ya no pasa solamente por obtener un respaldo de la Justicia, sino por verificar que la Ley de Financiamiento Universitario se traduzca efectivamente en recursos para las universidades y en una recomposición para sus trabajadores.