Los integrantes de los dos grupos que se amenazan a través de las redes sociales esperarán privados de la libertad el inicio del juicio por el enfrentamiento a tiros que protagonizaron durante una fiesta electrónica realizada el año pasado. La Justicia decidió prorrogar por 90 días las medidas de coerción que pesan sobre los tres acusados, aunque continuarán cumpliéndolas bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Según la acusación del fiscal Mariano Fernández, durante la madrugada de ese día, en el salón La Foresta, se llevó a cabo una fiesta que se extendió hasta el mediodía. En ese encuentro se encontraban Jorge Anaya González y Juan Nicolás Vargas, que portaban armas de guerra sin contar con autorización legal para hacerlo.
De acuerdo con la teoría del acusador, cerca de las 12, Facundo Ale llegó al lugar a bordo de un VW Passat, descendió del vehículo y comenzó a disparar contra Anaya González -que terminó herido en una pierna- y Vargas, quienes respondieron al ataque efectuando disparos desde el interior del predio. El hijo de Ángel “El Mono” Ale tampoco contaba con autorización para portar armas.
“Se trata de un hecho de extrema gravedad que provoca conmoción no sólo entre las personas que se encontraban presentes, sino también en la sociedad”, sostuvo Fernández al fundamentar la elevación de la causa a juicio. “Estamos ante un caso de abuso y portación de armas. La acción desplegada con temeridad por Vargas y Anaya González, por un lado, y por Ale, por el otro, se produjo en el contexto de una fiesta electrónica en la que había numerosas personas, generando una situación de riesgo evidente”, añadió.
El inicio del juicio está demorado por un planteo realizado por los defensores de Ale. Ricardo Fanlo y Agustín Monteros, en la audiencia en la que se aceptó que la causa fuera elevada a debate, pidieron el sobreseimiento de su asistido. Al ser rechazado el planteo, impugnaron la resolución y su situación se resolverá en una audiencia que se realizará dentro de dos semanas. “No hay chances de que consigan lo que están buscando, más aún cuando es de público conocimiento lo que representan ambas bandas”, indicó un operador judicial.
Días atrás, al vencer el plazo de la prisión preventiva de Ale y de las medidas de menor intensidad impuestas a Anaya González y Vargas, el fiscal Fernández consiguió que un juez las prorrogara por 90 días más. En esa audiencia se tuvieron en cuenta las amenazas que integrantes de ambos grupos intercambiaban a través de las redes sociales. Se estima que el debate oral podría realizarse antes de fin de año.
Un largo recorrido
La causa comenzó a investigarse como una supuesta disputa por el control de la barra brava de San Martín, pero con el avance de la pesquisa surgieron indicios que apuntaban a un conflicto relacionado con el dominio territorial de actividades vinculadas al narcotráfico.
En el marco de esta investigación, fueron detenidos Javier “Chuky” Casanova y Walter “Petiso David” Lobos. Al primero lo acusaron de haber participado en el tiroteo, pero posteriormente fue sobreseído al comprobarse que no tuvo intervención en el hecho. Sin embargo, durante los allanamientos realizados en los domicilios de ambos sospechosos, las autoridades encontraron estupefacientes, por lo que ambos fueron procesados por la Justicia Federal y actualmente permanecen detenidos.
Ale huyó del lugar después del enfrentamiento y durante un tiempo nada se supo de su automóvil. El vehículo reapareció cuando Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas, murió en un accidente de tránsito ocurrido en la zona norte de la capital. Los investigadores sospechan que “Facundito” se lo habría entregado para que lo ocultara.
A Anaya González, en tanto, le revocaron el arresto domiciliario cuando la Policía encontró tres kilos de marihuana en la vivienda donde cumplía la medida cautelar.
Los defensores de los acusados cuestionaron, sin éxito, los procedimientos policiales que derivaron en las detenciones. Lobos fue quien más objetó el accionar de los uniformados. Incluso, sus familiares realizaron una manifestación para exigir su liberación al sostener que la droga hallada en su domicilio había sido plantada por efectivos policiales. Sin embargo, pocas semanas después de ser arrestado, fue procesado en otra investigación por lavado de activos.
Las evidencias y algo más
Fernández reunió diversas pruebas contra los tres acusados. Una de las más relevantes es el informe elaborado por un especialista que, mediante un análisis comparativo de sonidos, concluyó que Facundo Ale habría utilizado un arma de alto calibre durante el enfrentamiento. Se trata de un elemento importante para la acusación, ya que el arma que habría utilizado nunca fue encontrada.
El representante del Ministerio Público resolvió acusar a Anaya González y a Vargas por portación ilegal de armas de guerra y anticipó que solicitará para ambos una pena de cuatro años y medio de prisión.
A Ale, en cambio, le atribuyó los delitos de portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma de fuego, por lo que pedirá una condena de seis años y medio de prisión. El hijo de “El Mono” Ale es quien enfrenta el escenario judicial más complejo. En abril del año pasado fue condenado a un año y medio de prisión de ejecución condicional por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, por lo que, en caso de recibir una nueva condena, las penas serán unificadas.