Además de las tensiones políticas entre la Intendencia y el Tribunal de Faltas (TMF), avanzan en paralelo los expedientes en la Justicia. La denuncia formulada por el órgano contra una disposición del Ejecutivo toma su curso, y tras un planteo municipal, le corresponde a la Cámara en lo Contencioso Administrativo pronunciarse sobre el futuro de la causa.
El ex presidente del TMF, Gerardo Augusto Poliche, presentó en julio del año pasado una denuncia contra el decreto N° 0099 firmado por la intendenta Rossana Chahla. La resolución dispuso la descentralización del órgano (por la que cinco jueces de Faltas fueron transferidos a Tránsito, dos a Catastro y tres quedaron en la calle Jujuy) y creó la Oficina de Gestión Administrativa de Causas (OGAC).
Según la demanda, es potestad del Concejo Deliberante ordenar cualquier modificación en el reglamento de los juzgados. Este año, en julio, la Fiscalía de Cámara a través de Juana Inés Hael se pronunció en el mismo sentido, aconsejando la declaración de inconstitucionalidad al decreto municipal. Luego, el 27 de julio, se pasaron los autos para dictar sentencia.
Manifestaciones
Tras el dictamen fiscal, el letrado apoderado de la Municipalidad capitalina, Hernán Matías Jabif, formuló una manifestación en contra de lo enunciado por Hael, pidiendo su desestimación, con el argumento de que el escrito carecía de sustento fáctico, conceptual y normativo.
Poliche también se expidió en aquel entonces y planteó que la demandada expresaba “una serie de falacias hermenéuticas y omisiones normativas” que intentaban convalidar el acto administrativo afectado.
Hecho sobreviniente
Un siguiente capítulo se abrió a principios de este mes. Jabif, en representación de la Intendencia, denunció un hecho sobreviniente para que sirva como prueba al momento de dictar la sentencia definitiva.
El planteo presentaba el caso donde dos miembros del TMF hacían una solicitud al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) por cuestiones organizativas del órgano, lo que -según la Capital- permitía la interpretación de que los jueces “en su actuar administrativo real y cotidiano, consienten, aplican, convalidan y se someten de manera voluntaria” a las disposiciones del Decreto N° 0099.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió no hacer lugar al planteo impuesto por la Municipalidad, declarando que el debate entre las partes se cerró una vez que se hizo el llamado para dictar sentencia, el pasado 27 de julio.
Hace algunas semanas, a su vez, el Ejecutivo municipal sumó una nueva presentación judicial. Se trata de un recurso de revocatoria que insiste en la demanda por hecho sobreviniente, considerando que resultaba materialmente imposible denunciar antes de julio un suceso que ocurrió en agosto. “Exigir la presentación previa a su acaecimiento importaría sujetar el ejercicio de las defensas a una condición imposible”, remarca la parte demandada.
También añade que desconocer dicho material denunciado obliga a “dictar un fallo de fondo ciego a la realidad sustancial, juzgando la supuesta ‘incompetencia’ del Ejecutivo respecto de una norma que los propios jueces de Faltas aplican, acatan y utilizan para pedir suplementos de sueldo ante la Secretaría de Gobierno”.
La semana pasada se aprobó el pase a tratamiento del recurso de revocatoria. Le corresponde, entonces, a la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolver el avance de la causa que profundiza la polémica entre el Tribunal de Faltas y la Municipalidad capitalina.