“Esto es una canallada. En mi dependencia siempre se ha llevado un nivel de excelencia en el trabajo y esto es una bajeza total”. Así, con énfasis, respondió el fiscal Enrique Rojas al defender su actuación funcional y responder a las acusaciones que motivaron su reciente desplazamiento. El funcionario, quien hasta hace días encabezaba la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (UFEDT) de Concepción, rechazó de plano haber percibido retribuciones indebidas: “Dicen que habría manejos dentro de la fiscalía; es absurdo . Si fuera alguien corrupto, sería el más estúpido de todos si hago que me manden una transferencia bancaria. Las supuestas transferencias son falsificaciones; nunca recibí esa cantidad de plata ni transferencias por 15 o 20 millones de pesos”. El ministro fiscal Edmundo Jiménez había ordenado el traslado del fiscal Rojas de Concepción a los tribunales de la Capital a partir de la investigación administrativa y penal que se sustancia por presuntas transferencias de dinero y supuestas maniobras para incidir en causas judiciales. En medio del impacto institucional, el magistrado rompió el silencio, calificó las imputaciones como una falsedad absoluta y sostuvo que la difusión de comprobantes bancarios apócrifos responde a una represalia luego de haberse negado a frenar medidas procesales en una causa por amenazas y extorsión .

Concepción: ordenaron el traslado preventivo de un fiscal tras una denuncia por extorsión que involucra a un ex legislador

El origen del conflicto judicial se remonta a una disputa intrafamiliar que involucra al ex legislador provincial Luis Brodersen, a su hijo Leonel y a su nuera Victoria Paradi. Tras una denuncia previa por presunta violencia de género formulada en junio por Parodi contra su pareja, a comienzos de septiembre el ex parlamentario denunció a su hijo y a su nuera por supuestas amenazas y extorsión con el fin de obtener un inmueble en Concepción. En ese contexto, Paradi difundió capturas de pantalla de transacciones que le atribuían a Brodersen giros millonarios hacia el fiscal Rojas para manipular causas, además de involucrar a su pareja, la abogada y asesora de un legislador en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), Paula Cortez, en presuntas gestiones irregulares de salidas alternativas.

Frente a la gravedad institucional del cuadro, Jiménez dispuso la reasignación preventiva de Rojas como fiscal de Cámara de la Fiscalía Conclusional N° 3 de la Capital. Según explicó el propio Rojas, lejos de oponerse a la medida, fue él quien promovió la apertura de una investigación formal: “Apenas recibí los mensajes me reuní con el fiscal regional (Fernando Blanno), le puse en conocimiento de esto y le pedí que se abra una investigación de inmediato. Me autodenuncié, por decirlo de alguna manera, para que me investiguen. Me pareció muy acertado que el ministro disponga el traslado para que todo se desarrolle con la mayor transparencia posible”.

En su relato, Rojas denunció haber sido blanco de presiones directas y maniobras intimidatorias en su teléfono corporativo provisto por el MPF . “Recibí un mensaje de esta mujer coaccionándome para que paren las causas o los allanamientos que se habían ordenado en su contra. Yo no era el fiscal del caso y tampoco puedo hacer eso, es absolutamente ilegal. Como no accedí, me hizo amenazas de escraches. Había creado grupos donde ponía información falsa, aparentemente obtenida de comunicaciones privadas secuestradas al señor Brodersen . Puse mi celular a disposición y pedí que se abra mi home banking para que se acredite formalmente que esas transferencias jamás existieron” .

La justificación del crédito comercial

Consultado sobre si existió algún tipo de relación o movimiento económico previo con el ex legislador, el fiscal admitió una operación netamente mercantil y ajena a su función pública. “Yo solicité un crédito personal -explicó-. Él tiene una empresa financiera y una tarjeta de crédito, se dedica a eso. Me convenía la tasa que me ofrecía respecto a la de los bancos en ese momento. Pedí un préstamo para pagar una tarjeta y pedí que me lo transfieran a mi cuenta, pero fue una operación comercial crediticia que se hizo en junio. La denuncia de Brodersen contra sus familiares ingresó tiempo después, recién a fines de agosto o principios de septiembre. ¿Qué relación puede tener una cosa con la otra? ¿Habría pagado una coima anticipada? Es totalmente descabellado”. El ex legislador Brodersen, al hablar el martes con LA GACETA, también explicó que él y Rojas habían mantenido un intercambio comercial absolutamente legal.

Asimismo, Rojas apuntó contra la difusión y la falta de corroboración técnica sobre los presuntos comprobantes. “Ni siquiera saben leer las capturas que publicaron. Ponen cuatro transferencias supuestamente distintas de dos millones de pesos, pero si te fijás en el código identificador de la transacción, es exactamente la misma repetida. Aquí hay una evidente real malicia que daña a mi familia, a mis hijos y a un equipo de trabajo intachable”, afirmó.

Respecto a la sospecha sobre un eventual direccionamiento o archivo arbitrario de causas en Concepción, el funcionario remarcó las limitaciones procesales que rigen en la UFEDT. “En esa unidad no investigamos, recibimos las denuncias, identificamos el conflicto y vemos si corresponde archivar, derivar o aplicar soluciones alternativas según las guías objetivas del Ministerio Público. Cada criterio está pautado de antemano con la intervención de secretarios y fiscales auxiliares; la discrecionalidad del fiscal titular es mínima . No existe manera de beneficiar a nadie arbitrariamente”, dijo.

Por último, el magistrado recordó que el trámite penal que desató el conflicto no estuvo bajo su órbita procesal, sino que fue remitido oportunamente a la unidad competente. “En el caso de la denuncia familiar de Brodersen se evidenciaba la posible comisión de un delito, por lo que se lo derivó de inmediato al doctor Gerardo Salas, que es el fiscal de la unidad especializada y quien luego solicitó los allanamientos. Si hay alguna disconformidad con un criterio, el Código Procesal prevé la revisión ante el fiscal regional o ante un juez de garantías. Inventar sospechas de cohecho a partir de una causa privada es un despropósito que quedará desvirtuado en la investigación penal”, dijo. “Yo soy un investigador. Mirá si voy a cobrar coimas y me las voy a hacer transferir a mis cuentas para dejar todo probado. Es una locura”, cerró.