La intendenta Rossana Chahla se refirió al conflicto con el Tribunal de Faltas en su última aparición pública por el aniversario de la Batalla de Tucumán. Recientemente, el Ejecutivo municipal aprobó un informe de auditoría que reveló presuntas irregularidades en el manejo de expedientes. La jefa municipal aseguró que se avanzará con la investigación de manera intransigente.
La inspección fue solicitada en mayo de 2025 por la Secretaría de Gobierno y la encabezó Contaduría General. Las conclusiones de aquel análisis se reportaron como “sumamente críticas” e involucra una presunta paralización masiva de causas en 2024, una acumulación histórica sin juzgar entre 2019 y 2023, y otras irregularidades “sustanciales” en la prescripción de los expedientes.
La aprobación del informe de auditoría se dio en un contexto de tensiones políticas entre el Tribunal de Faltas, presidido por Fabián Ignacio Lizondo Ruiz; y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Todo inició luego de la descentralización del órgano ordenada por la Intendencia, medida que fue controvertida en la Justicia por los jueces de Faltas.
“Defender los intereses”
Chahla explicó que la investigación se abrió en 2024, luego del pedido de la dependencia municipal. “Terminó después de un año de evaluación; hoy se la conoce, pero es una auditoría que viene de hace tiempo”, dijo.
La jefa municipal indicó que el tema “sigue los pasos administrativos que corresponden, como debe ser” y lanzó un mensaje contra las presuntas anomalías detectadas en el Tribunal. “Nosotros no vamos a permitir que se haga ningún daño al erario municipal, porque esa es nuestra función: defender los intereses del municipio, que son los intereses de los vecinos”, aseveró.
En tanto, desde el Tribunal de Faltas -y aunque aún no existe una declaración formal del órgano- sospecharon del sustento real de la auditoría, considerando que una medida como tal sigue una serie de pasos legales que incluye una notificación al Juzgado contravencional y la garantía del derecho a la defensa. Indican que ninguna de esas acciones se llevó a cabo.
Claves de análisis
Según el estudio elaborado por el municipio, el Tribunal de Faltas cerró en 2024 con 76.344 causas sin resolución (un 83,8% del total de 91.197 ingresadas), mientras que 10.113 (el 11,1%) finalizaron por pago voluntario del infractor y solo 4.650 causas fueron resueltas por los juzgados (el 5,1%).
Entre otros puntos, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) planteó que el órgano contravencional manejó una actuación irregular en el manejo de las causas. Por ejemplo, se advierten demoras entre la fecha de la infracción y la fecha de carga sistémica; la falta de cumplimiento en los plazos dispuestos para ordenar la caducidad de una causa; y la inexistencia o pérdida de los expedientes físicos o las actuaciones completas.
El decreto cita un artículo del Estatuto para el Personal Municipal y manifiesta que la omisión en la carga de actas, la pérdida de expedientes físicos y la falta de seguimiento de causas configuran una violación manifiesta a los deberes exigidos.