Los investigadores aseguraron que Rogelio Villalba se levantaba y colocaba en la puerta de su casa un parlante que se hacía sentir en gran parte de un barrio que se hizo famoso por ser uno de los primeros lugares donde el paco hizo estragos. El 27 de septiembre de 2016 fue detenido, acusado de liderar de una red de narcomenudeo. Al día siguiente, LA GACETA tituló: “Los federales terminaron con la fiesta de ‘El Gordo Rogelio’ en el barrio La Costanera”. A casi una década de su publicación, se puede decir que el título no fue tan acertado. El hombre nunca fue enjuiciado por comercialización de drogas.
Esta persona fue considerada un símbolo de la lucha contra el narcotráfico en nuestra provincia. Durante más de una década, según los investigadores, no sólo contribuyó a expandir el consumo del paco y perfeccionado el modelo del microtráfico de drogas, sino que también habría infundido terror entre las mujeres que se atrevieron a denunciarlo. “Las Madres del Pañuelo Negro” fue un colectivo que juntó coraje y expuso públicamente lo que estaba pasando con el consumo del paco y de la pasta base.
Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, vino a Tucumán para felicitar personalmente a los investigadores que lograron detener al “Gordo Rogelio”. En su visita a la provincia, la hoy senadora nacional también instó a las autoridades tucumanas a hacerse cargo de la lucha contra el microtráfico de drogas, iniciativa que fue recibida por el ex gobernador Juan Manzur y frenada por los cuestionamientos del entonces ministro fiscal, Edmundo Jiménez. Después de estar en un limbo judicial durante más de cuatro años, Osvaldo Jaldo, mientras estaba a cargo interinamente del Poder Ejecutivo, impulsó la implementación de la norma junto con los otros poderes del Estado hasta que se puso en vigencia, en diciembre de 2022.
Notables cambios
La caída del “Gordo Rogelio” se registró semanas después de que se desarticulara la denominada “Banda de Trayán”, caso en el que por primera vez un empleado legislativo quedó procesado por tráfico de drogas. Luego llegó el turno de la organización del “Gordo Vaca”. En esos años también fueron neutralizados los grupos liderados por Mario Pasarín, Nilda “La Cabezona” Gómez y Maximiliano Ruotti, por sólo mencionar algunos. Las fuerzas federales contaban con equipos especializados en la lucha contra el narcotráfico y, en la Justicia Federal, las vacantes y las carencias no tenían la dimensión que alcanzarían años después.
Durante la presidencia de Alberto Fernández, esos grupos de investigadores terminaron desarmándose. Muchos de los hombres experimentados fueron destinados a lugares que nada tenían que ver con el trabajo que habían estado realizando, por lo que varios de ellos terminaron retirándose. A la vez, varios funcionarios de la Justicia Federal comenzaron a jubilarse o a asumir otros cargos. Por ejemplo, el fiscal Pablo Camuña, que estuvo al frente de la investigación de algunas de las causas narco más importantes, pasó a ser acusador en los juicios orales.
La situación de los equipos investigativos tampoco se revirtió durante la presidencia de Javier Milei. La “motosierra” llegó a los programas que se habían creado para combatir el narcotráfico. Fiscales federales de la región consultados sobre esta problemática sostienen que el 90% de las causas en las que intervienen se originan en hallazgos fortuitos durante los controles que se realizan en las rutas. Sólo el 10% de los expedientes iniciados en los últimos tiempos surgió de pesquisas previas.
Decisiones y algo más
En Tucumán hay una decisión política de luchar contra la comercialización y el tráfico de drogas. En esta gestión no sólo se dio prioridad a la ley de narcomenudeo, sino que también se implementó el Operativo Lapacho, que consiste en fortalecer los controles en las fronteras de la provincia. Obviamente falta mucho, pero la tarea se vuelve más difícil si la pelea se emprende en soledad.
Con el macrismo en el poder, el Gobierno nacional pidió a las provincias que se hicieran cargo de la lucha contra el microtráfico para que las fuerzas federales pudieran concentrarse en perseguir a las organizaciones de mayor escala. A cambio, prometió apoyo con recursos humanos y económicos. Esos recursos nacionales no llegaron en la magnitud esperada. A ello se suman las dificultades del sistema judicial. En la Justicia ordinaria, por ejemplo, sigue habiendo dos fiscalías de narcomenudeo y, en la Federal, hay numerosas vacantes sin cubrir. Además, integrantes de Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria advierten sobre la falta de recursos para investigar.
Mientras ello ocurre, las organizaciones narco disponen de importantes recursos para sostener y adaptar la actividad ilícita. Pero también mutan. Los expertos sostienen que cada vez son más las personas que trafican entre 50 y 100 kilos de cocaína de manera periódica para mantener los negocios legales que habrían montado para ocultar sus actividades ilícitas. En Chaco, por ejemplo, se desarticuló una organización que, en poco menos de dos años, había extendido una red de gimnasios. En Tucumán, investigadores pusieron bajo la lupa una cadena de pollerías, cuyo titular terminó procesado por un homicidio en Mar del Plata.
Dudas en el Ministerio Público
En la lucha contra el narcomenudeo tampoco hay personal suficiente para avanzar con las investigaciones. En ese contexto, cada vez son más las causas que se cierran con salidas alternativas. El 30 de mayo, la Digedrop concretó el mayor secuestro de drogas sintéticas en la historia de la provincia. El “responsable” de la sustancia, valuada en más de $60 millones, se declaró culpable y, en un juicio abreviado, el viernes recibió una condena de cuatro años y seis meses. Estadísticamente se podrá decir que la causa se cerró en menos de cuatro meses. Pero quedaron interrogantes sin resolver: cuál era el origen de la sustancia, si la droga se producía en Tucumán, si había más personas involucradas y si existían uno o varios financistas detrás del negocio.
Por el crimen de Érika Antonella Álvarez surgieron numerosos indicios incorporados a la investigación que vinculaban al imputado Felipe “El Militar” Sosa con la comercialización de éxtasis. Pedro Gallo, fiscal que investiga el femicidio, tomó nota y, según se confirmó, entregó toda la información a su par José Sanjuán. Pero, hasta ahora, no se informó públicamente si se abrió una causa.
Operadores judiciales sostienen que estos inconvenientes no se deben sólo a una cuestión presupuestaria. Aseguran que si no abren más fiscalías con más empleados y equipos de profesionales que tengan conocimientos para seguir la ruta del dinero, será muy difícil avanzar. Los defensores se muestran preocupados porque es cada vez más frecuente la exigencia del pago de una reparación económica para cerrar una causa mediante un juicio abreviado. El condenado del viernes, por ejemplo, se comprometió a abonar una suma de $5 millones, que no llega ni al 10% del valor de la droga decomisada. ¿Qué destino tiene ese dinero? ¿Por qué no vuelve a la lucha contra el narcomenudeo? ¿Se destina a programas de rehabilitación de adictos? ¿Quién controla el origen de los fondos que se ofrecen como reparación? Son preguntas que todavía necesitan respuestas.