El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo (PE), Miguel Acevedo, mantuvo este jueves una reunión con integrantes de la Comisión de Legislación General, presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, para evaluar los avances en la adecuación provincial a la Ley Nacional 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil.
El encuentro, realizado en Presidencia de la Legislatura, permitió hacer un balance de las distintas miradas y aportes recogidos durante las reuniones interinstitucionales desarrolladas en las últimas semanas, con el objetivo de avanzar hacia una normativa que contemple las particularidades de Tucumán y establezca los mecanismos necesarios para su aplicación.
El trabajo da continuidad a los encuentros encabezados junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva, con la participación de representantes del Poder Ejecutivo, magistrados, fiscales, integrantes del Ministerio Pupilar y de la Defensa, jueces penales de Niños, Niñas y Adolescentes y otros funcionarios del Poder Judicial.
Participaron de la reunión los legisladores José Macome, Walter Berarducci, Carolina Vargas Aignasse, Sara Assán y Christian Rodríguez.
Tucumán busca adaptar el nuevo régimen a su realidad
“Nos estamos ocupando de esto porque la ley nacional ya está vigente, pero necesitamos adecuarla a Tucumán. Tenemos que establecer los distintos pasos desde el momento en que se comete el delito hasta la sanción y, fundamentalmente, el seguimiento de esos jóvenes. Queremos una ley orientada a su recuperación y reinserción”, expresó Acevedo.
En ese sentido, señaló que la adecuación debe contemplar las características propias de la provincia y anticipó que se trabaja para alcanzar un dictamen durante la próxima semana. “No es lo mismo un joven de 13, 14 o 15 años en la provincia de Buenos Aires os manteniendo reuniones intensas para buscar una ley que se adecúe a nuestra idiosincrasia”, sostuvo.
Asimismo, Acevedo destacó el trabajo coordinado con el gobernador Osvaldo Jaldo y los equipos provinciales, y remarcó la participación de los tres poderes en el proceso. “Va a ser una ley que surja del consenso de los tres poderes. Quizás sea perfectible, pero queremos tener la certeza de que se pueda aplicar. En la Legislatura buscamos que las leyes, una vez sancionadas y promulgadas, se apliquen y sirvan a la sociedad”, afirmó.
El proyecto contempla aspectos judiciales, administrativos y presupuestarios
Por su parte, Vargas Aignasse explicó: “Nos hemos reunido con distintos operadores del sistema, fundamentalmente jueces de ejecución de sentencia, jueces de menores, el área de la Defensa, el Ministerio Pupilar y el área administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, buscando consensos y acuerdos sobre una norma compleja”, indicó.
El presidente de la comisión señaló que el análisis comprende aspectos judiciales, administrativos, legislativos y presupuestarios. “Esto implica escuchar todas las voces para poder avanzar en un dictamen que esperamos tener acordado y firmado el martes de la próxima semana y llevarlo al recinto en la próxima sesión”, adelantó.
Finalmente, Vargas Aignasse agradeció los aportes de los integrantes de la comisión y de los representantes de los distintos poderes que participaron del proceso. “Es una ley compleja que va a marcar un antes y un después en la justicia penal juvenil. Buscamos que el joven que cometió un delito responda por ese hecho, que podamos interrumpir su trayectoria delictiva y trabajar para reinsertarlo en la sociedad", concluyó.