Es una buena noticia que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) haya subido en julio 0,8 por ciento, continuando con su tendencia a menores alzas mensuales. Sin embargo, no dice mucho sobre la inflación por lo que es un error mostrarlo como señal de lo que viene. Porque el IPIM refleja costos, que influyen pero sin traslado directo.

Este índice es uno de los tres del Sistema de Índices de Precios Mayoristas y muestra los precios internos al por mayor, incluyendo impuestos, de bienes nacionales e importados. Los otros son el Índice de Precios básicos al Productor (IPP), que toma sólo las cifras para bienes nacionales, sin gravámenes (lo que recibe el productor), y el índice de Precios Básicos al por mayor (IPIB) que es como el IPIM pero sin los tributos.

El IPIM subió en el mes de julio 0,8 por ciento y su variación interanual fue 31,1. Por origen, los precios de los bienes nacionales crecieron 0,8 por ciento en el mes y los de importados 0,5. En lo interanual, los precios de bienes nacionales aumentaron 31,8 por ciento y de importados 21,3. Esto es, la suba de costos para el productor o vendedor final estuvo más relacionada con los productos nacionales que con los importados.

Y dentro de los nacionales hay diferencias. En el mes, los precios de productos primarios cayeron 2,2 por ciento debido a la reducción de petróleo y gas en 9,2, mientras los de bienes manufacturados subieron 1,7 y de la energía eléctrica 5,8. En cambio, contra julio de 2025 productos primarios creció 38,6 por ciento, productos manufacturados 28,6 y energía eléctrica 45. Es decir, el ajuste de tarifas (todavía incompleto) se destaca entre los costos.

Esto no significa que haya que subsidiar la energía para ayudar a la producción y la intermediación. Los subsidios explicaron buena parte del déficit fiscal del gobierno nacional durante años y tras ellos la emisión de dinero y la inflación. Lo que aparentemente se ganaba por un lado se perdía por otro y distribuido de manera injusta, sobre todo cuando en el interior del país las tarifas no tenían tantos beneficios como en el AMBA. Pero además la energía “barata” explicaba también la mala asignación de recursos tanto en generación y transporte, con sus menores inversiones, como en tecnología de producción de bienes y combinación entre tipos de mano de obra y capital. La “ayuda” a la industria presente implicaría (como ya lo hizo antes) menor productividad.

Y con o sin subsidios igual se utilizan recursos para proveer el servicio. Por lo tanto, lo subsidiado puede ser barato para el consumidor pero no para la sociedad. Si quienes utilizan la electricidad no pagan por su costo habrá desperdicio de la misma y malgasto en otros bienes por un sobrante insostenible de presupuesto, y si quienes la proveen no cobran para cubrir su costo habrá desinversión.

Ahora bien, los precios relevados para calcular los índices citados son parte de los costos, no su totalidad. En particular, falta el factor humano. Por lo tanto, el panorama no es completo. Además, en cada actividad, incluso en cada empresa, la combinación de bienes de capital e insumos físicos y humanos es diferente. Así, lo que ocurre con el promedio de los costos no tiene por qué suceder en cada sector ni en cada firma. Y luego el uso de cada elemento determinará el costo que se busque recuperar, cuya variación no es la misma de los precios individuales.

Pero aunque por ello haya una propensión a vincular el IPIM con el IPC creyendo que los costos se trasladan a precios, es un error. Existe la pretensión de hacerlo, pero no siempre es posible porque en lo que ocurra tiene un papel esencial la voluntad de pago de los consumidores, fruto de la mezcla del valor que le dan a los bienes, planes, alternativas y presupuesto.

Hay varias posibilidades: que no se puedan trasladar costos y el resultado sea ajustar la producción y la combinación y precios de insumos y factores productivos; que se puedan trasladar costos o incluso más si hay una fuerte disposición a pagar; y alguna combinación entre traslados parciales y ajustes parciales de la función de producción. Puede esperarse que una menor suba de costos represente una menor presión sobre los precios y eso podría implicar menor impacto en la inflación, pero no es un resultado necesario. Si los precios vienen por la demanda y ésta por la emisión de dinero la inflación también viene por allí, no por los costos.

Claro que falta ver la capacidad de respuesta de la oferta para atenuar los efectos de la emisión, pero considerarlo merece otro espacio. Sí puede decirse que el crédito productivo ayudaría, pero requiere menores tasas de interés y ellas ahuyentan depósitos que son necesarios porque para prestar los bancos deberían tener pesos que se atraen con tasas altas. Alguna relación aceptable entre estas dos fuerzas deriva de la estabilidad, que permite tasas satisfactorias para las partes. El problema es la transición, para bajar la inflación hace falta astringencia monetaria y ella involucra tasas elevadas.

Hay posibilidad de maniobrar por otras sendas, aunque seguramente implique concesiones en objetivos. Por ejemplo, el SisVial recaudó el año pasado 1,5 billón de pesos pero un billón se colocó financieramente para computarlo al resultado fiscal cuando debía aplicarse a conservación de rutas. El superávit primario de 2025 fue 11,7 billones de pesos (financiero, 1,4 billón) y usar aquel fondo no hubiera complicado demasiado las cuentas. En cambio, además de menos accidentes, habría significado mayor productividad por mejor transporte, más personas empleadas y más salarios por trabajo concreto, con un adicional impacto político positivo.

En suma, tal vez el IPC de agosto muestre un crecimiento menor que en julio, pero pavonearse con los precios mayoristas cuando su relación con la inflación es débil no es recomendable.