El debate sobre la matriz energética argentina suele caer en una contradicción recurrente: se diseñan proyecciones a largo plazo para infraestructuras fósiles de capital intensivo o se importan discursos sobre una electrificación vehicular lejana, mientras se mantiene bajo un corsé regulatorio a la industria que ya descarboniza el transporte en el presente. La reciente Segunda Cumbre del Bioetanol volvió a exponer con crudeza esta asimetría. Argentina cuenta con la tecnología, la materia prima y la capacidad instalada para profundizar de inmediato el uso de biocombustibles, pero la falta de un marco regulatorio moderno y previsible congela su potencial.

Los números del sector en el Noroeste Argentino (NOA) demuestran que no se trata de una discusión sectorial aislada, sino de una política de desarrollo territorial de escala macroeconómica. En las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, el complejo sucroalcoholero sostiene de manera directa e indirecta más de 50.000 puestos de trabajo formales y articula la actividad de 20 ingenios y 16 destilerías. En distritos como Tucumán, la caña de azúcar ocupa más de 270.000 hectáreas y representa el principal motor industrial y dinamizador del interior provincial.

La diversificación hacia el alcohol anhidro para mezclas con naftas no sólo amortigua la volatilidad de los precios internacionales del azúcar, sino que fija población rural, demanda servicios metalmecánicos y logísticos locales y agrega valor en origen a una biomasa renovable. Sin embargo, la industria opera con capacidad ociosa debido a un límite administrativo que no responde a criterios técnicos ni económicos: el corte obligatorio estancado en el 12% (E12), dividido en partes iguales entre la caña del NOA y el maíz del centro del país.

Desde una perspectiva macroeconómica, el esquema actual resulta insostenible. En un país crónicamente condicionado por la escasez de divisas y los cuellos de botella en la balanza comercial energética, sustituir importaciones de naftas terminadas mediante mayor producción local de bioetanol es una decisión de sentido común fiscal. Cada metro cúbico de alcohol producido en el país desplaza combustibles fósiles importados y retiene valor dentro del circuito formal argentino.

El argumento ambiental aporta una contundencia definitiva que la agenda pública no puede seguir eludiendo. Los estudios de ciclo de vida demuestran que el bioetanol de caña de azúcar reduce entre un 70% y un 75% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en comparación con las naftas fósiles de origen petrolero; en el caso del bioetanol de maíz, la reducción oscila entre el 50% y el 65%.

El país no puede darse el lujo de abordar su política energética desde falsos dilemas. El desarrollo de los hidrocarburos no convencionales y la expansión de los biocombustibles no son alternativas excluyentes, sino vectores complementarios. Lo que resulta inadmisible es mantener asfixiada a una agroindustria competitiva que genera empleo formal en el norte del país, limpia el aire de los centros urbanos y ahorra reservas del Banco Central. Es momento de que la política legislativa supere las presiones corporativas y asuma el debate sobre los biocombustibles con la profundidad técnica, económica y ambiental que el futuro argentino demanda.