Un proyecto que comenzó a analizarse en la Legislatura de Tucumán propone que los padres o tutores de menores que protagonicen situaciones reiteradas de bullying puedan recibir sanciones que, en los casos más graves, lleguen hasta diez días de arresto. La medida no apunta a castigar a los adultos de manera automática por la conducta de sus hijos, sino a responsabilizarlos cuando conocen el hostigamiento y se niegan de forma deliberada a intervenir.
La iniciativa pertenece al legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse y plantea un esquema progresivo. Primero deberán agotarse las instancias pedagógicas y administrativas. Si el acoso persiste y el adulto se niega injustificadamente a colaborar, el caso podrá llegar a la Justicia Contravencional.
El proyecto parte de una definición concreta sobre el rol de los adultos. “La responsabilidad parental no termina en la puerta de la escuela”, sostiene el texto en sus fundamentos.
El régimen propuesto abarca las situaciones reiteradas de hostigamiento, intimidación o agresión física y psicológica que afecten a niños o adolescentes. También contempla los episodios que continúan en redes sociales y plataformas digitales después del horario escolar.
La propuesta aclara que la sanción no dependerá solamente de la conducta del menor. “No estamos sancionando al padre por lo que hizo su hijo. Estamos estableciendo consecuencias frente a lo que el propio adulto, consciente y reiteradamente, se negó a hacer”, señala el proyecto.
A partir de una notificación formal, los padres o tutores deberán concurrir a las citaciones y participar de las medidas de orientación que se dispongan. El incumplimiento podrá considerarse grave cuando el adulto conozca la situación y se niegue sin justificación a colaborar, obstaculice las medidas institucionales o mantenga una conducta manifiestamente reticente ante la continuidad del acoso.
El texto establece que cualquier sanción deberá recaer exclusivamente sobre la conducta personal y culpable del adulto después de que haya tomado conocimiento del problema.
Del apercibimiento al arresto
La propuesta establece una escala de posibles sanciones para los adultos que incumplan sus obligaciones. El juez contravencional podrá disponer un apercibimiento, multas, trabajo comunitario o la asistencia obligatoria a talleres de convivencia escolar.
El punto que introduce el cambio más severo es la posibilidad de arresto por un período de uno a diez días.
El proyecto establece que esa sanción tendrá carácter excepcional y será la última alternativa. Solo podrá aplicarse si previamente se agotaron las medidas administrativas y pedagógicas y si un juez determina que existió una conducta grave e injustificada por parte del adulto. “Sólo un juez puede determinar la responsabilidad y sólo un juez puede disponer el arresto”, remarca la fundamentación.
De esta manera, el proyecto busca evitar que una denuncia de bullying derive de forma directa en un castigo para los padres. Antes deberá existir una intervención institucional, una notificación al responsable y una conducta posterior de incumplimiento.
El bullying también fuera de la escuela
La iniciativa incorpora de manera expresa el hostigamiento a través de redes sociales y plataformas digitales. Según el texto, esas conductas serán consideradas parte del acoso cuando prolonguen o agraven una situación que comenzó de manera presencial. “El acoso que comienza en el aula puede continuar cuando la víctima llega a su casa y multiplicar exponencialmente la humillación sufrida”, advierte el proyecto.
La propuesta considera que la tecnología puede extender el conflicto más allá de los límites físicos de la escuela y sostiene que la intervención corresponde cuando esas situaciones mantienen una relación directa con la convivencia escolar.
Qué ocurre en situaciones de vulnerabilidad
El proyecto también establece límites para evitar que una dificultad económica, social o familiar sea interpretada automáticamente como desinterés de los padres. “No puede confundirse indiferencia con imposibilidad”, señala el texto.
Por ese motivo, las situaciones de vulnerabilidad no constituirán por sí solas un incumplimiento sancionable. Antes de avanzar con una sanción, el Estado deberá ofrecer asistencia y alternativas que permitan al adulto participar de las medidas previstas.
Aunque el proyecto incorpora penas para los responsables parentales, sus fundamentos sostienen que el objetivo principal debe mantenerse sobre quien sufre el acoso. “El centro de esta iniciativa sigue siendo la víctima”, afirma el documento.
La prioridad, según la propuesta, será lograr el cese del hostigamiento y proteger al niño o adolescente afectado. El eventual castigo al adulto aparecerá solo después, si las instancias anteriores fracasan y se demuestra que, pese a conocer el problema, decidió no colaborar.