El interventor del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), Dante Loza, aseguró este viernes que el fallo que ordenó al Poder Ejecutivo poner fin a la intervención del organismo en un plazo de 60 días no modifica las obligaciones de los comerciantes ni las funciones que establece la Ley 7.243.
En diálogo con LA GACETA, Loza explicó que la resolución judicial ratificó las atribuciones del IPLA y sostuvo que el principal cambio estará en el esquema institucional del organismo. “El fallo mantiene al IPLA todas las funciones, las misiones y quienes están comprendidos en el expendio y venta de alcohol tienen que cumplir la ley”, contó.
La Justicia había ordenado finalizar la intervención del organismo, que lleva 26 años, y avanzar hacia su normalización. Frente a esta decisión, el interventor remarcó que el Gobierno provincial acatará la resolución y que será la Fiscalía de Estado la que determine los pasos a seguir.
Jaldo aseguró que acatará el fallo que ordena finalizar la intervención del IPLA“Todo está en manos de Fiscalía de Estado. Es quien, en definitiva, tiene la defensa del Estado”, señaló. En ese sentido, evitó anticipar qué sucederá con el organismo una vez cumplido el plazo establecido por la Justicia. “No nos adelantemos porque no sabemos qué va a pasar”.
“Los comerciantes tienen que cumplir la ley”
Uno de los puntos sobre los que Loza puso especial énfasis fue que la resolución judicial, según su interpretación, no implica una flexibilización de los controles ni de las obligaciones de quienes comercializan bebidas alcohólicas. “Que no se engañen. El fallo no ha salido para nada sacando funciones ni misiones. El IPLA mantiene todas sus funciones”, sostuvo.
Ordenan al Poder Ejecutivo poner fin a la intervención del IPLA tras 26 años y que debe ser normalizado en 60 díasEl funcionario remarcó que los comerciantes deberán continuar pagando el canon correspondiente, respetar los horarios establecidos y cumplir con las restricciones previstas por la normativa, entre ellas la prohibición de vender alcohol a menores. Advirtió además que los incumplimientos pueden derivar en sanciones y procesos judiciales para recuperar las deudas que constituyen patrimonio del Estado. “No les cambia la vida a ellos. Lo que sí les va a cambiar es el cumplimiento y los procesos que continúan”, dijo.
Loza también rechazó las acusaciones de arbitrariedad en los controles y en la aplicación de multas. Según explicó, las sanciones responden al incumplimiento de la Ley 7.243. “No hay arbitrariedad, es el cumplimiento solamente de la ley”, sostuvo, aunque reconoció que la normativa puede ser actualizada y recordó que en la Legislatura ya se presentaron distintos proyectos con ese objetivo.
El rol del IPLA y la situación del sector
Consultado sobre si considera necesario mantener un organismo específico para la lucha contra el alcoholismo en Tucumán, Loza respondió que, a partir de su experiencia al frente del instituto durante los últimos dos años y nueve meses, considera que su función es necesaria.
Destacó especialmente las tareas de capacitación y concientización. En ese sentido, afirmó que durante su gestión fueron capacitados más de 10.000 jóvenes en colegios, instituciones privadas y clubes deportivos.
También mencionó el programa “Un pase a la gloria”, desarrollado junto a cuatro clubes de rugby, que alcanza a unos 150 chicos y contempla acompañamiento para la práctica deportiva y merienda.
Frente a los cuestionamientos de empresarios y propietarios de locales nocturnos por el costo de las multas, Loza pidió no atribuir al IPLA la crisis que atraviesa el sector. Consideró que la caída del consumo y la situación económica general tienen un peso mayor.
“Ustedes no pueden hacer el reduccionismo de atribuirle que la situación esta es por el IPLA”, afirmó, y sostuvo que el contexto económico nacional afectó el nivel de consumo y, por lo tanto, la actividad comercial.