La Facultad de Arquitectura brindó un análisis multidimensional

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán (FAU-UNT) encabezó la séptima audiencia pública por la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) de la Capital, realizada en el Concejo Deliberante el pasado 30 de julio. El trabajo puso énfasis a los desafíos que tiene la norma urbanística de la ciudad, buscando articular innovación en base a los diagnósticos y respuestas que pudieran desarrollarse.

La exposición -organizada por la comisión ad-hoc de Arquitectura- fue liderada por Natalia Czytajlo, secretaria de Investigación y Posgrado. Planteó que, con la reforma, el municipio tiene la oportunidad de anteponer “un deseo de ciudad”. “El Código de Planeamiento nos da la posibilidad de establecer áreas potencialmente urbanizables, a desarrollar, a preservar, en articulación con otros instrumentos de gestión urbana que permiten redistribuir cargas y beneficios del desarrollo urbano”, expresó.

Los profesionales de la Facultad fueron turnándose para exponer sus puntos de vista a medida que avanzaban las diapositivas. Mencionaron que la dimensión metropolitana debe recuperarse aprovechando el impacto estratégico de algunos elementos urbanos de la ciudad, como los que hacen a la conexión este-oeste o a la conexión norte-sur. Las áreas con aptitudes de crecimiento -consideraron- serían las del noroeste de la Capital, cercanas al río Salí.

También resaltaron la necesidad de garantizar el crecimiento de la periferia apostando a conexión directa con este sector. “Hay áreas que no tenemos que descuidar. Entendemos que la matriz de desigualdad atraviesa a nuestra ciudad y no es una cuestión sobre la que debamos abandonar la difusión”, resaltó Czytajlo.

La profesional se refirió, además, a los sectores destinados a vivienda y a trabajo o recreación. “Y hay elementos de la vida cotidiana, del cuidado y abastecimiento, que hemos dejado de lado en la discusión. Entendemos que son cuestiones que tenemos que recuperar en esa construcción del desarrollo urbano de la ciudad”, agregó.

El diagnóstico de Arquitectrura incluyó cuatro dimensiones: la urbana, la interseccional, la ambiental y la legal y normativa. El modelo de ciudad deseada, según plantearon los expertos, debe crearse a partir de cinco líneas de acción: condiciones de habitabilidad y calidad de vida; preservación de la identidad, cultura y patrimonio; áreas de protección, preservación y desarrollo estratégico; mixtura de usos (áreas y corredores); y consolidación y revitalización urbana.

El Ipvdu propuso paliar el déficit habitacional con incentivos

El Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) participó del octavo encuentro participativo en el Concejo Deliberante. Su titular, Hugo Cabral, se refirió al déficit habitacional existente y a la necesidad de cubrir demandas que cada vez son más urgentes.

Cabral introdujo que hay familias que hace más de 10 años están inscriptas esperando un hogar. “Nosotros tenemos, al igual que el municipio, el desafío de ver cómo el municipio va a crecer y va a dar respuesta a toda esa demanda ciudadana que tiene; como reconstruimos una agenda con las demandas nuevas y las viejas”, señaló.

El arquitecto mencionó que de 323 barrios de la Capital, 120 fueron construidos por programas estatales. “Es decir, el 37,15% de los barrios de la ciudad han sido desarrollados por el Instituto, lo que habla de la incidencia de la vivienda social en la Provincia y en la ciudad. Es un fenómeno complejo para abordar pero que es urgente”, resaltó.

El Ipvdu instó a enriquecer el debate por la reforma del Código a través de miradas interdisciplinarias, donde en cada intervención se priorice el interés colectivo y no el beneficio propio.

El organismo realizó aportes a la reforma distribuidos en cuatro ejes. El primero se refiere a la zonificación urbanística y propone un mapeo de los barrios y asentamientos residenciales en condiciones de carencia de servicios y equipamiento urbano, con flexibilidad de actualización y seguimiento de mejoras.

Con respecto al uso del suelo urbano, el Ipvdu sugiere que los terrenos baldíos podrían ser habilitados al uso público, determinando un incentivo a los propietarios por la concesión de su terreno en condiciones de ser usados como espacios que no requieran edificación no recuperable (como mini plazoleta, área de recreación o puntos culturales). Agrega que los terrenos en condición de baldío o casas en abandono deberían abonar un incremento adicional por falta de mantenimiento y cuidados.

Luego el organismo sugiere, sobre la edificación pública, determinar un valor de superficie de suelo vacante por distrito o barrio que deba destinarse para espacio público para actividades; proponer en los suelos vacantes la refuncionalización para la construcción de viviendas de mediana densidad; e implementación de programas para la terminación de viviendas. El último punto pide priorizar obras de integración sociourbana, vinculadas a redes, cobertura de infraestructura y equipamiento urbano igualitario.

Bravo expuso el plan de desagües pluviales del municipio

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Claudio Bravo, acompañó la exposición con el Plan Director de Desagües Pluviales municipal, actualmente en ejecución.

El funcionario partió del diagnóstico con el que se encontró la Intendencia, encabezada por Rossana Chahla, al comenzar la gestión. Planteó que el sistema principal de drenaje del municipio tiene más de 65 años de antigüedad. “Nos encontramos con un sistema subdimensionado y sin planificación actualizada. Fue todo un desafío”, señaló.

Bravo mencionó como problemáticas la insuficiencia hidráulica generalizada de los desagües internos; los puntos críticos y zonas de inundación recurrentes; el deterioro y obsolescencia de la infraestructura; y la falta de mantenimiento adecuado. Por otro lado, el profesional nombró a las conexiones no controladas de efluentes cloacales e industriales; a la ocupación de vías de escurrimiento natural y zonas de amortiguación; al diseño urbano desvinculado de la hidrología; y a la incidencia del funcionamiento del canal Sur sobre desagües internos con aportes de cuentas externas.

El secretario indicó que el río Salí descendió el nivel de base y que se detectó una caída de por lo menos tres metros. Y contó que, en abril del año pasado, Chahla conformó una comisión de emergencias hídricas donde se revisó el nivel de magnitud de los caudales en diferentes sectores de la ciudad y cómo funcionaban los canales en esos puntos.

Allí se determinó que el 47% de la superficie de agua de la Capital desemboca en el canal Sur, mientras que un 40% lo hace en el río Salí y el 13% restante cae sobre el arroyo El Manantial. Entonces, se planteó como objetivo estratégico urgente derivar caudales del sector norte hacia el río Salí para descomprimir y salvar el canal Sur.

Fue así -contó Bravo- que surgió el plan de contingencia ante inundaciones que plantea el desarrollo de desagües, como por ejemplo, la obra en proceso en el barrio 360 Viviendas y aquella planificada para el barrio Margarita-Panamá.

Además, el funcionario mencionó la obra del colector Norte-Panamá, para la que se está buscando financiamiento, de una longitud de 9,2 kilómetros de infraestructura nueva desde Campo Norte hasta la descarga en el río Salí. Esto permitiría captar los escurrimientos masivos del sector norte antes que alcancen y colapsen las zonas bajas. “Son obras importantes que darían solución a un gran problema de la ciudad”, aseveró Bravo.