La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura de Evo Morales, acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio, que tuvieron como principal reclamo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La orden fue dictada por el fiscal Brayan Melgar y también atribuye a Morales los delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La respuesta de Evo Morales
Tras conocerse la medida judicial, el exmandatario reaccionó a través de un mensaje en el que rechazó las acusaciones y aseguró que continuará con su actividad política. “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”, expresó Morales.
Las protestas que derivaron en la investigación
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales.
El reclamo de los sectores movilizados tenía como “única demanda” la renuncia del presidente Paz.
Los cortes de rutas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades. Según los datos consignados, dejaron al menos 16 muertos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, y generaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.
La denuncia contra Morales fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia. Posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.
La acción legal también alcanza al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y al principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación vinculada con estos mismos hechos.