El Gobierno nacional estuvo trabajado para elaborar un anteproyecto de Ley de Desregulación que propone una de las reformas más amplias sobre el funcionamiento de la actividad agropecuaria y agroindustrial de los últimos años.
Esta iniciativa modifica o deroga normas que regulan, entre otras, la producción, la comercialización, la logística y la promoción de distintos sectores, bajo el argumento de reducir intervenciones estatales, eliminar aportes obligatorios y favorecer una mayor competencia.
Entre los capítulos con mayor impacto para el campo sobresalen los cambios en el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el régimen de arrendamientos rurales, la legislación vitivinícola y el cabotaje, considerado estratégico para reducir los costos logísticos de las economías regionales.
Uno de los cambios más significativos alcanza al Ipcva. El proyecto plantea que el organismo continúe funcionando, pero dejará de financiarse mediante los aportes obligatorios que actualmente realizan productores y frigoríficos por cada animal faenado.
En su lugar, el Fondo de Promoción de la Carne Vacuna pasará a sostenerse con contribuciones voluntarias, donaciones, herencias, ingresos provenientes de capacitaciones, certificaciones y servicios técnicos, además de los rendimientos financieros de esos recursos.
Esta eliminación del aporte obligatorio no será inmediata, por lo que el texto del anteproyecto prevé un régimen transitorio que mantendrá el sistema actual hasta abril del año que viene y luego reducirá los topes de las contribuciones hasta septiembre de ese año. A partir del 1 de octubre de 2027, cesará definitivamente la percepción obligatoria y cualquier importe cobrado con posterioridad deberá devolverse al aportante, salvo que éste decida transformarlo en un aporte voluntario.
También se instruye al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Secretaría de Agricultura a dejar de recaudar esos fondos.