El Gobierno nacional dio marcha atrás con uno de los aspectos más sensibles de la reforma laboral y flexibilizó el esquema de financiamiento de los sindicatos. A través del decreto 612/2026, firmado el último viernes por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se eliminó el tope del 2% que limitaba las contribuciones patronales extraordinarias de las empresas a los gremios. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, representa un guiño político a la CGT al devolverle a los sindicatos el margen para discutir con las cámaras empresas aportes de mayor magnitud en el marco de los convenios colectivos de trabajo.
El cambio central de la normativa suprime el límite anterior para los aportes extraordinarios y modifica también la base de cálculo que había sido restringida en la reglamentación original de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. A partir de ahora, dicha base deberá contemplar tanto el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador como las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual que tengan origen convencional. De esta manera, el Poder Ejecutivo incrementa la base salarial sobre la cual se aplican los porcentajes, revirtiendo una fórmula anterior que reduce potencialmente el volumen económico de los recursos pactados entre empresarios y dirigentes gremiales.
La CGT vuelve a las calles: cuáles son los reclamosEn contrapartida, el decreto establece exclusiones impositivas taxativas sobre aquellos conceptos que no reúnen las características de habitualidad y mensualidad. Quedan fuera de la base de cálculo de los premios, bonos, la participación en las ganancias, las horas extras, el sueldo anual complementario (aguinaldo), el plus vacacional y cualquier otra asignación que no se abone de forma normal.
Modificación
Para garantizar la transparencia y facilitar el control de legalidad previo a la homologación de los convenios, el decreto obliga a las asociaciones sindicales a administrar y documentar estos recursos extraordinarios de manera separada del resto de sus bienes y fondos. Esta modificación impacta directamente en las denominadas cajas sindicales y resulta decisiva para el sostenimiento del sistema de salud gremial. Un caso testigo es el gremio de Camioneros, que atraviesa una fuerte crisis financiera y recibe del sector empresarial una contribución para su obra social que asciende a $5.000 millones mensuales, producto de un pago de $25.000 por trabajador pactado por convenio que ahora quedó exceptuado del límite del 2%.