La psicóloga colombiana Catalina Giraldo murió después de acceder a la eutanasia. La decisión llegó tras años de lucha para cumplir con su deseo de morir de manera digna ante el sufrimiento que le causaban distintos trastornos de salud mental.
Sin embargo, Giraldo no falleció a través del procedimiento que había solicitado. Su intención era acceder al suicidio médicamente asistido, una práctica diferente de la eutanasia y también reconocida en Colombia.
La principal distinción entre ambas opciones reside en quién causa la muerte. En la eutanasia, el profesional de la medicina administra la sustancia que provoca el fallecimiento. En el suicidio médicamente asistido, el médico proporciona los medicamentos, pero es el propio paciente quien los utiliza para poner fin a su vida.
Una decisión histórica en Colombia
En 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el suicidio médicamente asistido como uno de los procedimientos para acceder a una muerte digna.
Antes de esa decisión, el segundo inciso del artículo 107 del Código Penal establecía penas de entre 16 y 36 meses de prisión para quien indujera o ayudara a una persona a suicidarse con la intención de poner fin a sufrimientos intensos derivados de una lesión corporal grave o incurable.
El alto tribunal condicionó la aplicación de ese artículo y determinó que el suicidio médicamente asistido no constituye un delito bajo determinadas circunstancias. Además, estableció que se trata de un procedimiento con protección constitucional, a partir del derecho a una vida digna.
Tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido exigen tres requisitos. La persona debe tener el diagnóstico de una enfermedad grave e incurable, experimentar un sufrimiento físico o psíquico incompatible con su idea de vida digna y manifestar su consentimiento.
“Como ya lo ha explicado la Corte, el derecho a morir dignamente a través de prestaciones como la eutanasia y en este caso el suicidio médicamente asistido son opciones. Nadie está obligado a acceder, ni tampoco los profesionales de la medicina están obligados a practicar el procedimiento”, aseguró a los medios colombianos Camila Jaramillo Salazar, abogada investigadora del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ponente de la demanda.
Los conceptos en la Argentina
La Asociación Médica Argentina señala que la palabra eutanasia deriva de los términos griegos eu, que significa buena, y thanatos, que significa muerte. Por lo tanto, el concepto hace referencia a un buen morir, sin sufrimientos innecesarios y bajo las mejores condiciones que cada situación permita.
En la eutanasia intervienen un paciente con una enfermedad incurable y otra persona que lleva adelante la práctica. La entidad distingue entre eutanasia voluntaria e involuntaria, de acuerdo con la existencia o ausencia del consentimiento del paciente.
La eutanasia voluntaria se presenta cuando la persona acepta la suspensión de tratamientos que prolongan su vida o presta consentimiento para la administración de fármacos cuyo resultado esperado es la muerte.
La involuntaria ocurre cuando el paciente no expresa su consentimiento o cuando la muerte se provoca contra su voluntad.
Ambas pueden clasificarse, a su vez, como activas o pasivas. La eutanasia activa supone una acción deliberada para causar la muerte, como la administración de una dosis letal. La pasiva consiste en la omisión o suspensión de tratamientos y soportes vitales.
El suicidio asistido, en cambio, ocurre cuando una persona contribuye a la muerte de otra, pero esta última ejecuta el acto que termina con su propia vida.
La distanasia y el ensañamiento terapéutico
Otro concepto vinculado al final de la vida es la distanasia, también conocida como ensañamiento terapéutico. Consiste en prolongar la vida a través de medios desproporcionados o intervenciones médicas que no se ajustan a la situación real del paciente ni ofrecen resultados razonables.
La distanasia se encuentra en el extremo opuesto de la eutanasia respecto del objetivo que persigue. Sin embargo, la Asociación Médica Argentina sostiene que ambas alteran el curso natural de la muerte.
La muerte digna, por otra parte, reconoce el derecho del paciente a rechazar tratamientos inútiles, desproporcionados o que solo prolonguen el sufrimiento. La suspensión de una intervención médica no siempre constituye una práctica eutanásica, ya que también puede representar una decisión ética destinada a evitar el encarnizamiento terapéutico.
El paciente debe recibir información veraz sobre el diagnóstico, las alternativas de tratamiento, las posibilidades de éxito y las eventuales complicaciones. A partir de esos datos, puede aceptar o rechazar procedimientos de acuerdo con la calidad de vida que considere tolerable.
El papel de los cuidados paliativos
Los cuidados paliativos buscan ofrecer la mejor calidad de vida posible a pacientes con enfermedades avanzadas y progresivas, así como acompañar a sus familias.
Según la definición de la Organización Mundial de la Salud citada por la Asociación Médica Argentina, esta atención prioriza el control del dolor y de otros síntomas, además de los aspectos psicológicos, sociales y espirituales.
La medicina paliativa afirma la vida y considera a la muerte como un proceso normal. No procura adelantarla ni retrasarla, sino que brinda apoyo al paciente y a su entorno durante la etapa final de la enfermedad.
Este modelo propone que la persona conserve un papel activo en las decisiones sobre su atención. También exige que el médico deje de ocupar un lugar central y respete la voluntad, las necesidades y la dignidad del paciente.
Un amplio apoyo social en el país
El informe “Actitudes y opiniones sobre la eutanasia”, elaborado por el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, constató en septiembre de 2024 que el 79% de los encuestados apoyaba las decisiones sobre la propia muerte en casos médicos extremos.
Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Creencias Sociales del observatorio Pulsar, de la Universidad de Buenos Aires, también reflejaron un aumento del apoyo a la eutanasia.
En 2023, el 72% de los consultados manifestó estar “muy de acuerdo” con que las personas puedan tomar decisiones sobre su propia muerte. Un año después, ese porcentaje ascendió al 76%.