El desarrollo edilicio de San Miguel de Tucumán entró en debate luego de que la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) aconsejara, ante el Concejo Deliberante, no autorizar la construcción de nuevos edificios hasta que no estén en condiciones las redes pluviales y cloacales en zonas críticas. El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC), Jorge Garber, afirmó que detener la actividad sería “ir en contra del progreso” y reclamó por el canon que el sector paga a la empresa estatal.

En la última audiencia pública por la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) para la Capital, la SAT alertó sobre las carencias que de manera progresiva irá sufriendo el servicio de agua, según un pronóstico mundial para 2050. Es por eso que, a través de su vicepresidente, Carlos Gallac, y del gerente de Planeamiento, Sergio López, el organismo manifestó que es necesario mejorar las condiciones de las instalaciones sanitarias antes de avanzar en la construcción de edificios en altura. Aquella inversión, calcularon, requeriría más de $15.000 millones para agua y cloaca.

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La CTC reconoció que en la ciudad existen problemas de infraestructura, pero rechazó los planteos sobre la edificación. “No se puede ir en contra del progreso. Es una locura paralizar la construcción, con lo que significa no solamente en la economía, por el déficit habitacional, sino que además la construcción es un generador de mano de obra muy importante y traccionadora en más de 74 actividades directamente relacionadas”, fundamentó Garber.

El ingeniero remarcó que la construcción “es la base del crecimiento de cualquier sociedad” y que considerar paralizarla “es el más grande de todos los males”.

También se refirió a la advertencia de la SAT sobre las necesidades económicas a la hora de invertir en infraestructura. “Todas las empresas que queremos construir algo pagamos a la SAT el canon de infraestructura, que se paga a partir de los 200 metros y ronda los $14.000 por metro cuadrado. La SAT no me da la factibilidad si es que no lo pago, y ese pago sirve justamente para que se hagan las obras de infraestructura necesarias para que yo pueda construir”, señaló Garber.

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En esta misma línea, el presidente de la CTC ejemplificó que por una construcción “chica” de 1.000 metros cuadrados se abona alrededor de $14 millones; y que por un edificio “normal” de 10.000 metros cuadrados, la cifra se eleva a $140 millones. “Que se paguen el canon por esa estructura, los derechos municipales y todo lo necesario y que no te dejen construir me parece una locura. Y entonces, ¿qué hace la constructora? Se va a construir a otro lado. Y así sacamos inversión de Tucumán y sacamos mano de obra”, desarrolló.

Nueva red distribuidora

En la exposición pasada en el Concejo Deliberante, la SAT mencionó que se requiere una nueva red distribuidora de 400 milímetros de diámetro por avenida Mate de Luna de 3.000 metros de longitud; más de 15 nuevos pozos, perforaciones y redes de agua, y nuevos colectores cloacales. “Si queremos desarrollar la zona de la avenida Mate de Luna con grandes edificios, necesitamos hacer este tipo de inversiones”, remarcó Gallac.

El vicepresidente de la empresa aseveró que a ellos les toca “ejercer el poder de control sobre el agua pero las redes son de todos nosotros”, y reiteró: “decir que la SAT no recomienda autorizar edificación suena impactante, pero es la realidad de nuestra conclusión”.