La Justicia amplió la investigación sobre presuntas compras destinadas a la vivienda del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá y analiza si, además de una operación por más de $8 millones en colchones y artículos de descanso, se adquirieron otros bienes para equipar la propiedad.
La nueva línea de investigación se centra en conversaciones mantenidas entre el contratista Matías Tabar y Gisela Kocsis, secretaria de Adorni. Según la documentación incorporada al expediente, la funcionaria le enviaba fotografías de distintos productos vinculados con el equipamiento de una vivienda.
Entre los elementos sobre los que intercambiaron mensajes figuran colchones, un lavarropas, un lavavajillas y muebles para la casa. Los investigadores intentan establecer si, además de los productos ya detectados, existieron otras compras relacionadas con el inmueble que el funcionario posee en Indio Cuá.
La pesquisa también avanzará con la citación de Kocsis como testigo y con el peritaje del teléfono celular de Tabar.
La sospecha surgió después de que se comprobara que una factura emitida en junio de 2025 por la firma Rosen The Store, por un monto de $8.183.303,25, fue confeccionada a nombre de Kocsis, quien además habría abonado la compra en efectivo.
Esa operación ya se encontraba bajo análisis del fiscal federal Gerardo Pollicita, que solicitó información sobre el medio de pago utilizado, la identidad de la persona que efectuó el desembolso, el domicilio de entrega y toda la documentación respaldatoria para determinar quién fue el destinatario final de los bienes.
La compra identificada corresponde a tres colchones, almohadas, un edredón o cubrecamas y juegos de sábanas, por un total de $8.183.000.
Nuevas medidas en la investigación patrimonial
Las actuaciones forman parte de la causa por presunto crecimiento patrimonial injustificado de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. En una resolución de cinco páginas, Pollicita dispuso una serie de medidas para profundizar distintas líneas de investigación patrimonial.
Entre ellas, requirió información sobre posibles vínculos laborales de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023. El pedido incluye documentación sobre designaciones, funciones desempeñadas, remuneraciones percibidas y eventuales declaraciones juradas patrimoniales.
Además, solicitó una certificación amplia de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, y a otra persona. El objetivo es obtener detalles sobre los hechos investigados, las personas involucradas y posibles referencias a bienes familiares, dinero en efectivo o a la sucesión de Jorge Adorni, padre del funcionario, que pudieran tener relación con la pesquisa actual.
La lupa sobre las obras en Indio Cuá
Otra de las medidas apunta a reconstruir los gastos vinculados con el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. Para ello, la fiscalía solicitó los registros de ingreso y egreso de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de entrega que hayan realizado trabajos o suministrado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.
La intención es determinar aspectos relacionados con reformas, acondicionamiento, compra de materiales, amoblamiento y otros gastos que actualmente son objeto de análisis en el expediente.
La investigación también se apoya en la declaración de Tabar, el contratista que estuvo a cargo de las refacciones en la propiedad. A principios de mayo, el empresario declaró ante la Justicia que las obras demandaron una inversión de U$S 245.000, fueron abonadas en efectivo y sin factura, y se extendieron durante casi diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025.
Según su testimonio ante la fiscalía, durante ese período se realizaron trabajos en distintos sectores de la vivienda, de 400 metros cuadrados. Las tareas incluyeron obras en pisos, intervenciones en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.
Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, sostuvo que el costo total de la obra fue afrontado íntegramente por Adorni. Precisó que el pago se efectuó en dos etapas: una primera entrega de U$S 55.000 durante 2024 y el saldo de U$S 190.000 a lo largo de 2025.
El contratista también entregó su teléfono celular a la Justicia y aportó información sobre las personas que participaron en los trabajos realizados en la propiedad.