El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó fuertes críticas al manejo de las políticas anticorrupción del gobierno de Javier Milei, en lo que constituye uno de los pronunciamientos más duros del organismo desde el regreso de Argentina al financiamiento internacional en 2018.

Las observaciones quedaron plasmadas en la segunda revisión del Artículo IV, en la que el Directorio -encabezado por Kristalina Georgieva- aprobó un desembolso de US$ 1.050 millones, a pesar de que el país volvió a incumplir la meta de acumulación de reservas del Banco Central.

En el documento, el FMI incluyó a la corrupción dentro de los “desafíos pendientes” y advirtió que Argentina obtuvo apenas 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 elaborado por Transparencia Internacional. Además, remarcó que informes internacionales, como el clima de inversión de Estados Unidos, siguen señalando problemas estructurales en esta materia.

El análisis se desarrolla con mayor detalle en el denominado “Box 9”, donde el organismo evaluó los avances recientes y concluyó que “es necesario fortalecer los marcos anticorrupción de prevención”. En ese sentido, apuntó directamente contra los regímenes de declaraciones juradas, al señalar que presentan “verificación limitada, escasa transparencia, publicación tardía y aplicación desigual”.

El reporte técnico también cuestionó las normas sobre conflictos de interés, calificándolas como “limitadas por reglas porosas y una débil capacidad de aplicación”. A esto se suma una advertencia sobre el funcionamiento del sistema judicial: el FMI expresó preocupación por la “percepción de una independencia judicial limitada y la politización”, así como por las demoras en causas de alto perfil y la falta de rendición de cuentas para funcionarios de alto rango.

El tono del informe contrasta con evaluaciones previas. En 2022, el organismo había destacado los “fuertes esfuerzos” del país para mejorar la gobernanza y la transparencia. Sin embargo, el marco adoptado por el FMI en 2018 -que incorpora el análisis de gobernanza y corrupción como variables económicas- parece haber endurecido los criterios de evaluación.

En el plano local, las observaciones coinciden con decisiones recientes del Ejecutivo, como la prórroga del plazo para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales hasta el 31 de julio. Entre los casos pendientes se encuentra el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aún no presentó su balance en medio de cuestionamientos por propiedades no declaradas previamente.

Más allá del eje institucional, el FMI también encendió alertas sobre el sistema financiero. El organismo advirtió sobre el aumento de los préstamos en mora, especialmente en el segmento de consumo, y la creciente dependencia de los bancos del financiamiento de corto plazo proveniente de fondos comunes de inversión.

En paralelo, destacó que se está reforzando la supervisión de entidades no bancarias para hacer frente al rápido crecimiento del sector fintech, donde los niveles de morosidad son elevados. En línea con estos señalamientos, datos del Banco Central mostraron que la morosidad de los hogares alcanzó el 11,5% en marzo, con un salto de más de ocho puntos porcentuales en comparación interanual.