La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió suspender las apelaciones contra los fallos que liberan a los jubilados del pago de Ganancias. El organismo reconoció la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de haberes jubilatorios para tomar esta determinación.
ARCA ya no apelará los fallos a favor de jubilados para no pagar GananciasLa medida entró en vigencia mediante la Instrucción General 4/2026 y busca adecuar su estrategia procesal para evitar nuevas apelaciones. El cambio de rumbo administrativo pretende respetar los derechos de pensionados tras años de litigios en la justicia.
Antecedentes y fundamentos judiciales
La decisión encuentra su fundamento en el antecedente judicial de María Isabel García contra la AFIP. Los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco firmaron dicho fallo en el año 2019. El tribunal sostuvo que el cobro del impuesto vulneraba el principio de igualdad constitucional en jubilados vulnerables.
La Corte Suprema determinó que el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad. Bajo esta premisa, la justicia ordenó devolver los fondos a una mujer cuyos descuentos llegaban hasta el 31,94% de sus ingresos. La sentencia marcó un hito al proteger los haberes de quienes sufren graves problemas de salud.
Nuevas directivas para los representantes fiscales
El subdirector Gustavo Heber Paturlannes firmó la instrucción para limitar las quejas ante el máximo tribunal. Los representantes fiscales recibieron la orden de desistir de las presentaciones aún no sustanciadas en causas similares. La medida también obliga a consentir los fallos de las Cámaras federales sobre la cuestión de fondo. Esta nueva política legal intenta no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional.
El organismo mantendrá el litigio en expedientes donde considere que existen circunstancias particulares que podrían revertir el criterio judicial. Además, la resolución aclara que la medida no beneficia a causas impulsadas por asociaciones sin legitimación activa. Los abogados del Estado continuarán los pleitos referidos "únicamente las discusiones vinculadas a honorarios y costas".