Aunque obtuvo dictamen favorable sin votos en contra, la controversia se instaló en torno a la propuesta de ley contra la violencia digital en las redes sociales. La iniciativa oficialista propone avanzar judicialmente contra contenidos que constituyan calumnias o injurias manifiestas en soportes digitales. Para evitar suspicacias políticas se excluyó del alcance del proyecto a los funcionarios públicos de los tres poderes. Sin embargo, hay sectores de la oposición que no ven aplicable la iniciativa que llegaría al recinto en la próxima sesión.
Fuerza Republicana indicó que los “linchamientos digitales” son algo serio, pero expresó sus reparos a la iniciativa de Gerónimo Vargas Aignasse. Señaló Ricardo Bussi que la propuesta faculta a un juez penal para ordenar el cese de las publicaciones agraviantes, pero que omite la exigencia de una denuncia. Expuso también que los delitos contra el honor suelen canalizarse por vía civil, y opinó que el proyecto ignora los obstáculos de cumplimiento para plataformas con domicilio en el extranjero, como Meta (Facebook/Instagram/WhatsApp) o Google.
La protección contra injurias en las redes no será para funcionarios“Sin convenios específicos, una orden judicial de un juez penal local en Tucumán suele ser ignorada o dilatada por estas corporaciones, convirtiendo a la ley en una ‘letra muerta’ en la práctica para los servicios de mensajería o redes globales”, dijo Bussi. Consideró brevísimo el plazo fijado para la resolución (seis horas) y que la omisión de figuras corporativas poderosas en las excepciones genera un riesgo de censura previa.
Censurar sin debate previo
El legislador Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) opinó que la propuesta convierte al juez en un “órgano de control de contenidos” digitales. “El juez penal pasa a decidir qué contenido puede circular y cuál debe eliminarse, función ajena a la jurisdicción penal. Este mecanismo sólo busca censurar los contenidos sin debate previo, algo que atenta directamente contra la democracia, ya que esta se defiende con más opinión pública, más debate y no con más silencio”, señaló a este diario.
El ex funcionario municipal opinó que la propuesta no es un hecho aislado. “Se da dentro de un contexto de fragilidad institucional, porque no les basta con tener cifras millonarias con la pauta oficial para cooptar los medios, ahora van por el derecho a expresarse y difundir las ideas, pero no se lo debemos permitir”, dijo.
Gerónimo Vargas Aignasse defendió su proyecto para frenar injurias en redes: “No es censura, es poner un límite a la difamación”El parlamentario José Macome (Compromiso con la Libertad), quien firmó el dictamen, advirtió que, originalmente, el proyecto se percibía mucho más orientado a lo político. Es que la propuesta se presentó en febrero, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo estaba recibiendo embates libertarios en las redes sociales. “Tenía toda la apariencia de que iba a ser un bozal político”, apuntó. Sin embargo, mencionó que en la comisión se le dio otra perspectiva y que el vicegobernador Miguel Acevedo hizo saber que la iniciativa tenía que ser despojada de tintes políticos y estar orientada a la población, para frenar los ataques virtuales, algo recurrente entre jóvenes y adolescentes. “Lo que hace este proyecto es darle herramientas al juez para meter una medida cautelar de forma inmediata”, explicó.
En febrero, a Jaldo se le consultó por la iniciativa. Remarcó que hay personas que en las redes sólo desprestigian de manera infundada a gestiones de gobierno y que incluso avanzan con temas personales. “Está totalmente fuera de lugar este tipo de accionar y no compartimos absolutamente nada; somos respetuosos, porque vivimos en democracia, así que cada uno está en su derecho, aunque para nada lo compartimos”, declaró.