El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), elevó el conflicto por las asignaciones de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner a la instancia máxima del Poder Judicial. El Ejecutivo presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revocar la medida cautelar que obliga al Estado a restablecer la pensión de la ex mandataria. Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Capital Humano bajo la gestión de Sandra Pettovello, busca excluir formalmente a la ex presidenta de un beneficio que el oficialismo considera incompatible con su situación judicial.
La estrategia procesal de la queja surge como respuesta directa al rechazo previo de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que por mayoría había denegado el acceso extraordinario al máximo tribunal solicitado por el Ministerio Público Fiscal y la Anses.
Inadmisible
El eje central del reclamo se apoya en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado dictada en la denominada “Causa Vialidad”. Según los fundamentos presentados, resulta “inadmisible” que una persona hallada culpable de delitos contra la administración pública continúe percibiendo beneficios previsionales de carácter honorífico. La disputa no solo incluye la jubilación correspondiente a su cargo como ex jefa de Estado, sino también la pensión por viudez derivada del ex presidente Néstor Kirchner, que había sido dada de baja por el actual Gobierno en noviembre de 2024 tras quedar firme el fallo condenatorio.
Un fiscal acudió a la Corte Suprema para intentar impedir que se le pague la pensión a Cristina KirchnerDesde el Ministerio de Capital Humano enfatizaron que existen “múltiples razones legales” para impedir que Kirchner sea beneficiada con regímenes de privilegio. El comunicado oficial subraya que estas asignaciones tienen un carácter excepcional vinculado a la ejemplaridad del ejercicio de la primera magistratura, condición que consideran rota tras la sentencia penal. Con esta presentación, la Casa Rosada busca sentar un precedente sobre la extinción de haberes honoríficos para ex funcionarios condenados, trasladando la definición política y jurídica final a manos de los cuatro ministros de la Corte.