La administración de Estados Unidos notificó al Congreso que considera finalizadas las hostilidades con Irán, en una decisión que le permite evitar un nuevo pedido de autorización legislativa para sostener el conflicto bélico iniciado el 28 de febrero de 2026.

El presidente Donald Trump comunicó su postura a través de una carta enviada al titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley. El envío se realizó exactamente al cumplirse los 60 días desde que el Ejecutivo notificó formalmente el inicio de las operaciones militares, el límite fijado por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.

Esa norma, sancionada durante la guerra de Vietnam para reforzar el control del Congreso sobre las decisiones bélicas, establece que el presidente debe poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en ese plazo, salvo que el Poder Legislativo declare formalmente la guerra o autorice una prórroga de hasta 30 días para una retirada ordenada. Ninguna de esas opciones prosperó: el Senado rechazó por sexta vez un intento demócrata de frenar el conflicto y los legisladores dejaron Washington ese mismo día por una semana de receso.

En su carta, Trump sostuvo que el plazo no resulta aplicable porque las hostilidades ya habían concluido en los hechos con la entrada en vigor de un cese al fuego a comienzos de abril. “No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado”, afirmó.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reforzó ese argumento ante el Congreso al señalar que el actual escenario de tregua implica que “el reloj de 60 días se pausa o se detiene”.

Sin embargo, especialistas en derecho y asuntos militares cuestionaron esa interpretación al advertir que la legislación no contempla ninguna cláusula que habilite la suspensión del plazo. El senador demócrata Tim Kaine fue directo durante una audiencia: “No creo que el estatuto apoye eso”. En la misma línea, su colega Richard Blumenthal sostuvo que “no hay botón de pausa en la Constitución ni en la Ley de Poderes de Guerra” y remarcó que el conflicto sigue en curso.

La propia carta presidencial introduce un matiz. Allí se reconoce que la amenaza iraní “sigue siendo significativa” y que las operaciones buscan “asegurar una paz duradera”. Esa afirmación convive con la decisión de dar por terminadas las hostilidades, pese a que la Armada estadounidense mantiene un bloqueo activo para impedir la salida de petroleros iraníes, mientras Irán conserva el control del estratégico estrecho de Ormuz.

Al ser consultado antes de viajar a Florida, Trump descartó solicitar autorización al Congreso y apeló a antecedentes históricos. “Ningún otro presidente lo ha pedido antes. Nunca se ha usado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes?”, planteó. Además, calificó a la Resolución de Poderes de Guerra como “totalmente inconstitucional”, una postura que también sostuvieron en el pasado Bill Clinton y Barack Obama.

En el Capitolio, el tema divide posiciones. El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, descartó por ahora impulsar una votación para autorizar el uso de la fuerza. No obstante, comenzaron a surgir cuestionamientos dentro de su propio espacio ante la duración del conflicto y su impacto en los precios del combustible.

La senadora Susan Collins votó junto a los demócratas para intentar frenar la guerra y sostuvo que el plazo de 60 días “no es una sugerencia, es un requisito”. En tanto, John Curtis, Thom Tillis, Lisa Murkowski y Josh Hawley reclamaron que el Congreso intervenga con una votación. Curtis incluso adelantó que no respaldará nuevos fondos para la guerra sin una autorización formal.

Otros legisladores adoptaron posturas más condicionadas. Todd Young indicó que, si el conflicto se reanuda, espera que la Casa Blanca avance en conjunto con el Congreso para aprobar el uso de la fuerza. Por su parte, Kevin Cramer aseguró que votaría a favor de esa autorización si Trump la solicitara, aunque también cuestionó la constitucionalidad de la ley vigente.

Desde la oposición, el demócrata Adam Smith sintetizó la desconfianza hacia el Ejecutivo. “¿La expectativa es que la administración Trump va a cumplir la ley? Yo no tengo esa expectativa”, afirmó.

La definición de la Casa Blanca, lejos de cerrar el debate, abre una nueva etapa de tensión institucional sobre los límites del poder presidencial en materia de guerra.