Por primera vez en más de una década, Estados Unidos excluyó a la Argentina de la Priority Watch List, la categoría más crítica de su informe anual sobre propiedad intelectual, y la trasladó a la Watch List. El país permanecía bajo esa “lista negra” desde hace más de 10 años y acumulaba observaciones durante tres décadas por distorsiones en el comercio vinculadas al incumplimiento de derechos de autor y patentes.

La decisión se conoció tras la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) en febrero de 2026. A través de ese entendimiento, el gobierno argentino asumió compromisos para elevar los estándares de protección y aplicación de la propiedad intelectual. El documento oficial de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. señala que el acuerdo “beneficiará a los innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación contra el robo de PI”, además de avanzar en tratados internacionales clave.

Desde la perspectiva del organismo, la Argentina derogó limitaciones consideradas “excesivamente amplias” en materia de patentabilidad. Esas restricciones incluían directrices que rechazaban automáticamente solicitudes en ciertas categorías de invenciones farmacéuticas, pese a que son aceptadas en otras jurisdicciones, y exigían condiciones específicas para los procesos de fabricación de compuestos activos.

El informe también detalla medidas adoptadas para salir de la lista prioritaria. Entre ellas, la elaboración de informes sobre la viabilidad de un régimen de protección de datos y sobre las causas de los retrasos en la concesión de patentes. A su vez, se menciona el fortalecimiento de la aplicación penal con sanciones disuasorias, como multas más altas y penas de prisión para la falsificación vinculada a redes criminales organizadas.

El acuerdo prevé además otorgar mayor capacidad de acción a las agencias fronterizas, crear un organismo de coordinación en materia de propiedad intelectual y modificar la legislación para respaldar acciones civiles efectivas, incluyendo medidas cautelares contra la piratería.

En el plano operativo, el compromiso argentino incluye intensificar los operativos e incautaciones en mercados y centros de distribución notorios, así como desarrollar una estrategia nacional para combatir la falsificación y la piratería. También contempla la publicación de estadísticas trimestrales, la responsabilidad de propietarios de inmuebles donde se comercialicen productos ilegales y la cooperación entre proveedores de Internet, titulares de derechos y otros actores. A su vez, se apunta a investigar y perseguir penalmente a los responsables de sitios web dedicados a la piratería.

El acuerdo incorpora cláusulas vinculadas al comercio agroalimentario. La Argentina mantendrá el acceso al mercado estadounidense para productores de quesos y carnes que utilizan nombres comunes, con el objetivo de evitar restricciones por el uso de ciertos términos. Además, asumió compromisos para garantizar transparencia y equidad en la protección de las indicaciones geográficas y permitir que productos estadounidenses continúen utilizando denominaciones consideradas de uso común.

Un cambio clave se concretó en marzo de 2026, cuando el país eliminó restricciones amplias sobre la patentabilidad farmacéutica. A mediados de ese mes, el Gobierno dejó sin efecto una resolución de 2012 que limitaba el otorgamiento de patentes para medicamentos. Desde entonces, la evaluación de cada solicitud quedó exclusivamente en manos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que analiza caso por caso sin las restricciones previas.

La medida fue instrumentada mediante una resolución conjunta firmada por el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el titular del INPI, Carlos María Gallo. La nueva disposición establece que el organismo determinará en cada caso la procedencia de la patentabilidad, consignó Infobae.

Pese a los avances, el informe advierte que la Argentina “sigue presentando desafíos históricos” para las industrias intensivas en propiedad intelectual. Persisten dificultades en la aplicación de derechos tanto en mercados físicos como en el entorno digital. El reporte vuelve a señalar a La Salada y al Barrio Once, en Buenos Aires, como centros notorios de comercialización de productos falsificados, mientras que plataformas digitales asociadas continúan distribuyendo contenido ilegal.

En 2025, una orden judicial permitió realizar 60 operativos simultáneos en La Salada y zonas cercanas, con múltiples detenciones. Sin embargo, el documento indica que la policía local no suele actuar de oficio y que los procesos pueden demorarse por formalidades.

En cuanto a la piratería digital, se destaca un operativo conjunto que desmanteló el servicio ilegal de IPTV Magis TV Pro, con cuatro detenidos y una condena. Aun así, el informe subraya que la piratería en línea continúa en expansión y que la aplicación de derechos depende en gran medida de gestiones de los titulares ante proveedores de Internet o de medidas judiciales, procedimientos que resultan lentos y de eficacia limitada.

Entre las recomendaciones, Estados Unidos instó a reforzar la responsabilidad de los propietarios de inmuebles y a endurecer las acciones contra la venta de productos ilegales en mercados como La Salada y Barrio Once, además de modificar la ley de marcas para aumentar las sanciones penales.

En materia de patentes, el reporte advierte sobre limitaciones en innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva y sustancias naturales, así como la falta de protección de datos de prueba en los sectores agrícola y farmacéutico. Si bien el INPI informó una reducción en el atraso de solicitudes, aún se registran demoras promedio de entre seis y siete años.

Respecto de las indicaciones geográficas, Washington alentó a garantizar mayor transparencia y debido proceso, especialmente en el contexto del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, para evitar que se restrinja el uso de nombres comunes.

Estados Unidos anticipó que seguirá de cerca la implementación de los compromisos asumidos por la Argentina y continuará el diálogo bilateral a través del Foro de Innovación y Creatividad establecido en el marco del acuerdo TIFA.