El Ministerio Público Fiscal formuló cargos en contra de los tres principales acusados de integrar una asociación dedicada a cometer estafas desde una concesionaria de Yerba Buena. El perjuicio económico supera los $175 millones y la causa continúa en expansión con nuevas denuncias.

La investigación por las maniobras fraudulentas realizadas desde la firma “DG Automotores” (también denominada DG Cars) -ubicada sobre avenida Solano Vera al 900-, es llevada a cabo por la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II que dirige Fernando Blanno.

El 24 de abril, la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás imputó al matrimonio integrado por Matías José Díaz Vier (40) y Anabel García (37) por 12 hechos de estafas reiteradas en perjuicio de 12 víctimas.

Según la acusación, los imputados habrían montado un esquema delictivo bajo la fachada de una concesionaria, simulando operaciones legítimas de compraventa de vehículos. De acuerdo a la teoría del caso, ofrecían unidades, recibían rodados en consignación o como parte de pago y percibían importantes sumas de dinero que luego no eran restituidas, incumpliendo deliberadamente los compromisos asumidos.

Entre las maniobras detectadas se encuentran la entrega de adelantos para generar confianza, la simulación de créditos prendarios inexistentes, la utilización de terceros, la emisión de comprobantes apócrifos y la transferencia de vehículos sin autorización de sus titulares. En varios casos, las víctimas no sólo perdieron el dinero invertido, sino también sus vehículos o quedaron comprometidas con deudas originadas en operaciones fraudulentas.

Luego de exponer la hipótesis fiscal, Briz Tomás solicitó que la pareja fuera sometida a seis meses de prisión preventiva para proteger la investigación en curso y evitar que los imputados entorpezcan la causa.

Como elemento relevante, la auxiliar de fiscal señaló que una testigo, que sería empleada doméstica de los imputados, declaró haber presenciado la quema de documentación y el enterramiento de bolsas con dinero, lo que evidenciaría maniobras de ocultamiento y destrucción de pruebas. Además mencionó que había un sospechoso, Javier Goitea, estaba prófugo.

Rol central

Durante la jornada de ayer, después de que el tercer integrante se presentara ante la Justicia junto a su abogado, el MPF le imputó los mismos delitos que a Díaz Vier y a García. Según indicó la auxiliar de fiscal, Goitea cumplía un rol central dentro del esquema delictivo. El acusado se habría presentado ante los clientes utilizando como identidad falsa el nombre “Javier Juárez”, “con el objetivo de dificultar futuros reclamos”. Además, era quien se encargaba de cerrar operaciones bajo la modalidad “llave por llave”, convenciendo a las víctimas de entregar sus vehículos y dinero a cambio de unidades que nunca eran entregadas.

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También se le atribuye haber utilizado cheques sin fondos y comprobantes de transferencias apócrifos para dilatar los reclamos mientras la concesionaria avanzaba con nuevas maniobras. Según se expuso en la audiencia, llegó a percibir sumas superiores a los $20 millones en operaciones que, de acuerdo con la Fiscalía, eran simuladas desde su origen.

“Goitea fue una cara visible y fundamental para mantener el ardid. Su participación permitió que la estructura delictiva se sostuviera en el tiempo, perjudicando el patrimonio de familias enteras”, sostuvo Briz Tomás y requirió que también fuera sometido a seis meses de preventiva.

Por resolución de los jueces intervinientes, García Vier y Goitea estarán seis meses en una Unidad Penitenciaria cumpliendo la prisión preventiva. García, en cambio, cursará la medida bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica porque tiene hijos menores a su cargo.

De esta forma, los tres principales investigados por la estafa que supera los $175 millones ya se encuentran a disposición de la justicia bajo medidas privativas de la libertad, mientras la Unidad Fiscal continúa recibiendo nuevas denuncias contra la concesionaria.