En un hecho con escasos precedentes en la historia democrática del país, el gobierno de Javier Milei dispuso ayer la prohibición total del ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida afectó a unos 60 profesionales que cubren diariamente la actividad oficial en Balcarce 50, quienes se encontraron con sus accesos restringidos y sus permisos dados de baja de manera imprevista por las autoridades nacionales.
La decisión oficial se fundamentó en dos ejes conflictivos: la investigación sobre una presunta infiltración rusa en los medios locales y, principalmente, una denuncia penal contra dos periodistas de la señal Todo Noticias (TN). Desde el Ejecutivo argumentaron que la medida es “preventiva” y que el sistema de huellas dactilares fue desactivado para garantizar la seguridad nacional mientras avanza la causa judicial por presunto espionaje ilegal.
A través de sus redes sociales, Javier Lanari, responsable de la prensa y comunicación oficial, ratificó la postura gubernamental. El funcionario señaló que la decisión fue impulsada por la Casa Militar tras la difusión de filmaciones del interior de la sede de Gobierno en el canal de noticias mencionado. Según Lanari, el único fin de esta restricción colectiva es “garantizar la seguridad nacional” ante lo que considera una vulneración de secretos políticos.
Esta restricción ocurrió en una jornada de alta sensibilidad política, dado que el presidente Milei mantuvo una agenda activa en la sede de Gobierno. El mandatario recibió por la tarde al influyente empresario de Silicon Valley, Peter Thiel, un aliado estratégico de Donald Trump con fuertes intereses en la industria tecnológica y militar, cuya visita quedó resguardada de la mirada directa de la prensa acreditada.
El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditadosLa génesis de la denuncia penal radica en un informe televisivo que mostró pasillos e interiores de la Casa Rosada. La Casa Militar, órgano bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei, sostiene que dicha difusión podría constituir delitos vinculados a la revelación de secretos de Estado. La presentación judicial fue encabezada por el general de Brigada Sebastián Ibáñez.
Denuncia
Como respuesta institucional a esta medida, la diputada nacional Marcela Pagano presentó hoy una denuncia penal contra el Presidente y sus principales funcionarios. La legisladora del bloque “Coherencia” —y ex integrante del bloque oficialista— acusó al jefe de Estado por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al considerar que la Casa Rosada no es propiedad privada del mandatario de turno.
"Periodistas, go home": Milei vs. los molinos de viento, con el enemigo detrás de sus propios cortinadosLa presentación judicial de Pagano también alcanza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al secretario Javier Lanari y al jefe de la Casa Militar. El sorteo judicial asignó la causa al juez federal Sebastián Ramos y al fiscal Ramiro González, quienes deberán determinar si el impedimento del ingreso a la prensa constituye un delito penal por parte de la cúpula del Poder Ejecutivo.
Reacción y rechazo
Entidades periodísticas de todo el país reaccionaron con comunicados de fuerte repudio. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su “máxima preocupación” y subrayó que el acceso a la sede de gobierno es una práctica institucional consolidada que nunca fue interrumpida de forma generalizada durante la democracia, resultando esencial para la transparencia de los actos públicos.
Adepa advirtió que una investigación judicial en curso no justifica bajo ningún concepto medidas de carácter general que afecten el normal ejercicio del periodismo. En su pronunciamiento, la entidad instó al Gobierno a “revisar de manera urgente esta medida” y restablecer las condiciones de trabajo habituales para resguardar la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada.
Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) calificó la decisión como de “extrema gravedad institucional”. La organización remarcó que la denuncia contra los periodistas de la señal televisiva aún no cuenta con una resolución judicial que determine irregularidades, por lo que suspender las acreditaciones de todos los medios resulta una acción “desproporcionada e injustificada” que altera el sistema democrático.
El conflicto permanece abierto y sin un comunicado oficial que aclare hasta cuándo se mantendrá la restricción, aunque fuentes oficiales sugirieron que la medida podría extenderse.