El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, puso en venta el departamento que posee en la ciudad de La Plata en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El inmueble está publicado a 95.000 dólares.
La decisión se da en un contexto complejo: según surge de la causa, el funcionario deberá cancelar antes de noviembre de este año deudas por un total de 270.000 dólares con cuatro mujeres acreedoras, entre ellas jubiladas y policías que declararon como testigos.
La propiedad está ubicada en la calle 48, entre 6 y 7, en la capital bonaerense. En las últimas semanas, la esquina de 48 y 6 fue escenario de clases públicas abiertas impulsadas por estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata, en el marco de protestas.
El departamento en venta es un tres ambientes situado en el cuarto piso, con vista al frente. Tiene una superficie cubierta de 98 metros cuadrados y, pese a que el edificio cuenta con unos 50 años de antigüedad, la publicación inmobiliaria destaca su buen estado de conservación, sin roturas ni humedad.
La unidad dispone de tres dormitorios, un baño principal completo con bañera e hidromasaje y otros dos baños más pequeños, tipo toilette, uno de ellos con ducha.
De acuerdo con su declaración jurada de 2024, Adorni informó que el inmueble fue recibido como donación, presumiblemente como herencia de sus padres, en junio de 2016, y que posee el 100% de la titularidad.
El funcionario amplió recientemente su patrimonio con un semipiso en el barrio porteño de Caballito y una casa en Exaltación de la Cruz, sin desprenderse hasta ahora ni de la propiedad en La Plata ni de un departamento de cuatro ambientes en Parque Chacabuco.
Consultado su entorno sobre si el dinero de la venta de estas propiedades será destinado a cancelar las deudas próximas a vencer, no hubo respuestas hasta el cierre de esta nota.
La investigación judicial tramita en Comodoro Py, bajo la órbita del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si el crecimiento patrimonial del funcionario es compatible con sus ingresos declarados.
Uno de los focos está puesto en el departamento de la calle Miró al 500, también en Caballito, al que Adorni accedió mediante un pago de 30.000 dólares en efectivo y una financiación de 200.000 dólares a un año, sin intereses, otorgada por dos jubiladas que eran propietarias.
En ese marco, este lunes declararon como testigos Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, responsables de la inmobiliaria que intervino en la operación, Rucci Propiedades.
Según la investigación, detrás de la transacción habría estado Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas y allegado al funcionario. Fue quien inicialmente reservó la propiedad y luego la habría refaccionado para vendérsela a Adorni. Feijoo, empresario del rubro de desarrollos urbanos, visitó al jefe de Gabinete en Casa Rosada un mes antes del cierre de la operación, en octubre de 2025, y fue citado a declarar como testigo para el miércoles.
La ronda de testimonios continuará hasta el viernes 24, cuando está prevista la declaración del contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, quien habría estado a cargo de obras en otra propiedad vinculada a la familia: el lote 380 del country Indio Cuá, a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
La causa sumó medidas en las últimas semanas. El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario y fiscal tanto de Adorni como de su esposa, además de seis mujeres señaladas como prestamistas o acreedoras: Silvia Pais, Norma Zuccolo, Beatriz Viegas, Claudia Bibiana Sbabo, Graciela Molina y Victoria Cancio.
En paralelo, la fiscalía busca incorporar chats y registros de llamadas entre los involucrados, considerados clave para reconstruir los vínculos y el circuito de las operaciones.
En ese contexto, la escribana Adriana Nechevenko, quien participó en las transacciones, no entregó su teléfono celular al presentarse en tribunales: primero no lo llevó a su declaración y luego aseguró haberlo olvidado en su auto cuando regresó con documentación adicional.
Bajo juramento, Nechevenko afirmó que conoce a Adorni desde hace más de 25 años y que fue quien vinculó a las partes en los préstamos, entre ellos el de 100.000 dólares con garantía hipotecaria sobre un departamento en Parque Chacabuco, dinero que se habría utilizado ese mismo día para escriturar una vivienda en el country Indio Cuá, un barrio de golf privado en Exaltación de la Cruz.